El jurista Luis Miguel Pereyra I Foto: Kelvin de la Cruz
El jurista Luis Miguel Pereyra manifestó que en un Estado democrático y de derecho como el que existe en el país, las nuevas autoridades deben permitir que sean los tribunales quienes controlen la legalidad de los actos administrativos relacionados con la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro y mantenerse al margen de conflictos económicos entre particulares.
Argumentó en un comunicado que se debe centrar el debate en determinar si el nuevo aeropuerto, cuyas permisologías se obtuvieron en un debido proceso de 11 meses, es beneficioso para el interés colectivo y si su aprobación se ajusta al régimen legal que regula la materia.
“Una inversión nueva de más de US$220 millones en los momentos de calamidad sanitaria y económica que vive el país, será una bocanada de oxígeno para la economía y los beneficios ulteriores que generará en tráfico de pasajeros, cobro de impuestos, actividades comerciales periféricas y generación de empleos, son evidentes”, afirmó.
Pereyra deploró que el Grupo Punta Cana en contra de una terminal que hará competencia al Aeropuerto Internacional de Punta Cana escogiera el escenario de la opinión pública para un tema que debería ser recurrido ante la instancia correspondiente, que es el Tribunal Superior Administrativo.
Recordó que el Estado está en la obligación, por mandato constitucional, de promover la competencia eficiente, libre e igualitaria.
Por otro lado, Pereyra resaltó que las críticas a los incentivos que recibiría el Aeropuerto de Bávaro carecen de sentido, pues están concebidos en el marco de la Ley 158-01 del 9 de septiembre de 2001, para lo cual el proyecto cumplió con todos los requisitos normativos.
Subrayó que el mercado turístico es sumamente competitivo y prefiere un destino u otro en función de las facilidades de acceso y cercanía al aeropuerto de arribo.
