Leidy Blanco, del área de Política Electoral de Participación Ciudadana.
La nueva coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, pidió este viernes que al Tribunal Superior Electoral (TSE) se le haga una “debida” auditoría para determinar si se cometió o no un delito en el tema de la transparencia, ante la denuncia de cuatro de sus cinco miembros de que el presidente de esta alta corte ha pretendido convertirlo en un tribunal unipersonal.
Luego de reiterar su llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que inicie el proceso de selección de los nuevos miembros del TSE, sostuvo que la acusación de los jueces sobre el tema de la trasparencia y de los recursos del citado órgano “es muy seria”.
“Aparte de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, también hay que hacer una debida auditoría de ese tribunal”, puntualizó durante una entrevista telefónica en El Gobierno de la Tarde.
Los magistrados Rafaelina Peralta, Ramón Arístides Madera, Santiago Sosa y Cristian Perdomo, afirman que el presidente del TSE, Marcos Cruz García, desde que asumió el cargo, ha "tomado unilateralmente decisiones sin informar".
Entre las actuaciones que cuestionadas está el manejo de la tarjeta de crédito del presidente; el manejo de fondos de cajas chicas; concentración de varias funciones especializadas, como la de relaciones internacionales; cancelación de empleados o aislar a los demás miembros titulares.
La coordinadora de Participación Ciudadana deploró que el Tribunal Superior Electoral, que es el encargado de conocer y resolver los conflictos internos de los partidos, tenga acciones o actitudes “que no son acorde” a su mandato constitucional.
También argumentó que la solicitud para iniciar la escogencia de los nuevos miembros del TSE está acorde, ya que, la vigencia de los actuales tiene menos de dos meses.
Al ser preguntada sobre la posibles sanciones para los órganos colegiados que hayan incurrido en alguna falta, Leidy Blanco explicó que pese a que en la ley del referido tribunal no se establece esas sanciones, los tribunales no están exentos a los marcos normativos que tengan que ver con la transparencia, por lo que recalcó su llamado para que se le haga una “verdadera auditoría” para determinar si se incurrió o no en un delito.
Ante la falta de una reacción del Estado, dijo que seguirán presionando con el tema.
