El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, propugnó por que los partidos políticos sean convertidos en sujetos obligatorios de la Ley 155-17 de Lavado de Activos.
Entrevistado en La Gaceta de la Z ayer, sábado, subrayó que la Junta Central Electoral (JCE) hasta ahora no ha tenido mecanismos estrictos y eficientes para dar seguimiento a aspectos financieros de los partidos.
“En el país ningún partido político ha publicado quiénes donan a su campaña”, precisó.
Planteó que la forma para incluirlos como sujetos obligados debe ser a través del Comité Nacional de Lavado, que por vía reglamentaria puede hacer la inclusión, como ha pasado en otros países.
El abogado instó a tener un mecanismo para evitar la presencia de flujos de recursos ilícitos para conquistar cargos.
“No hay dudas de que hay amenazas de penetración del crimen a la política”, dijo al momento de recordar que han habido varios casos de candidatos ligados al crimen.
“Para que los partidos retomen la confianza de la sociedad, sus prácticas y sus principios tienen que cruzar por actuaciones transparentes”, dijo al referirse a las organizaciones políticas como una de las que cuentan con mayor descrédito en la población.
Pimentel enfatizó en que lo que la JCE otorga a los partidos es un por ciento en función del Presupuesto General de la Nación, entonces cada vez los dominicanos transfieren más recursos a los partidos.
“No podemos seguir rehuyendo a el control del dinero en la política”.
Sostuvo que la Ley de Partidos y la de Régimen Electoral contemplan algún nivel de control en su texto, pero de manera difusa. En ese sentido, indicó que hay que llevar ese control a la realidad.
Pimentel lamentó que a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es el que mayores recursos recibe, nunca ha sido auditado en la Cámara de Cuentas. Sin embargo, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que es de conformación mucho más reciente, ya ha sido auditado en tres ocasiones.
Adelantó que el lunes Participación Ciudadana dará a conocer un comunicado al país con relación a la Ley de Partidos.