Narciso Isa Conde | Foto: Kelvin de la Cruz
La descomposición del poder avanza hasta el punto de expresarse en agresiones paramilitares contra agricultores humildes, para robarles sus tierras y acaparar el corte de árboles maderables sembrados en ocasión del Plan Quisqueya Verde, valorado en 200 millones de pesos.
La acción criminal se produjo el pasado 19 de octubre, esgrimiendo un título obtenido con métodos mafiosos en las corrompidas entidades oficiales.
Encabezó ese abuso el falso-propietario Luis Alberto Tejada Rodríguez, encargado de mercadeo del Ministerio de Turismo, hermano de la esposa de Víctor Gómez Casanova y del General Tejada, jefe de seguridad de la dependencia que encabeza ese alto dirigente del PRD de Miguel Vargas.
El hecho sucedió en un intento de desalojo violento de los campesinos de Comedero Arriba, Sierra Prieta, Jayaco y Blanco, radicados en terrenos que cultivan desde hace 200 años en las proximidades de Bonao, Cotuí y La Vega; pendiente todavía de titulación, pese haberse comprometido el Presidente Medina a garantizarle ese derecho.
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Decenas de personas armadas de AR-15, M16, escopetas y pistolas fueron desplegadas en plan de acampar, ocupar sus terrenos y desalojarlos por la fuerza: a tiros sucios y con apoyo de un helicóptero y drones privados.
El balance: varios heridos, uno con lesiones graves de un tiro en el pecho (Quintino Ramírez) y otros no tan grave; a lo que se agregó que varios sicarios se ensañaran contra Juan Pablo Morillo (Santiago), a quien masacraron a golpes y colgaron de un árbol.
La Policía y el fiscal, bien gracias, al servicio de los agresores… al extremo el capo de la banda, Luis Tejada, detenido inmediatamente después de los hechos narrados, con el respaldo del coronel Boché en Bonao, dormía todas las noches en su residencia… hasta lograr la libertad para convertirse en acusador de los campesinos agredidos.
Ya no hay un solo detenido y Gómez Casanova le asignó a los pandilleros dos abogados de Autoridad Portuaria,Valera y Castillo, para intentar revertir la acusación, alegando que las armas la portaban los agricultores y que éstos dispararon contra la banda paramilitar; previo montaje de una auto-agresión o simulacro de contienda bélica.
Nueva vez don dinero y poder político se confabulan con la mafia de las titulaciones para robarse un patrimonio natural que solo pertenece a la Nación y a quienes lo han trabajado la tierra y protegido la naturaleza durante dos siglos.
Nueva vez núcleos mafiosos del PLD, PRD, PN y jefes policiales y militares se asocian para practicar un despojo criminal y garantizarle impunidad a sus autores.
Esto merece enfrentarse con firmeza, demandando sanción judicial para el bandidaje y títulos de propiedad para quienes trabajan la tierra, cuidan la naturaleza y proclaman que “ni muertos los sacan de sus predios”.
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