Grancera en la margen del río Yuna | Foto: PGR
La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) realizó un amplio operativo en el municipio de Maimón de la provincia Monseñor Nouel contra las empresas dedicadas a la extracción y procesamiento de materiales de la corteza terrestre, conocidas como granceras, por la comisión de delitos ambientales.
Durante el recorrido, encabezado por el procurador titular de Proedemaren, Francisco Contreras, se procedió a la paralización de la construcción de una calle que da acceso al río Yuna, donde se observó que la misma interrumpe la fluidez del arroyo en dos puntos. Además, se eliminó una gran cantidad de árboles, todo esto cometido por el Consorcio Minero Maimón.
Además, fue paralizado un proyecto en una parcela identificada bajo el número 11-B D.CG, donde se construyeron dos calles, lo que afectó considerablemente la biodiversidad y que da acceso al río Yuna.
En el operativo participaron representantes del Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales en las personas de René Mateo, viceministro de Suelos y Agua; Juan Sierra, director de Minería, del viceministerio de Suelo y Agua; Franklin Bautista, director provincial de Medio Ambiente; Ana Patricia Ossers, directora del departamento jurídico de ese Ministerio; un equipo del Servicio de Protección Ambiental (SENPA) y miembros de la Policía Nacional (PN).
Por la Proedemaren, acompañaron a Contreras los procuradores José Espinal, Rudy Pérez Medrano, Miledys Domínguez y Agustín Susana Galate, coordinador de Proedemaren en la provincia Monseñor Noel y el fiscalizador José Miguel Mordan.
Los hechos observados consistieron en extensiones irregulares del permiso otorgado por el director provincial de Monseñor Noel, lo que llevó al arresto de varias personas en el lugar de los hechos.
Durante la jornada fueron paralizadas las operaciones de extracción y procesamiento del Consorcio Minero de Maimón, ubicadas en la coordenadas UTM 19Q 364010.00, la cual tiene un permiso de Ministerio de Medio Ambiente, pero que fue excedido de sus términos de ejecución, consistente en la perforación de la capa freática, siendo ésta su centro de extracción, y dando como resultado que quedara afectada la vocación agrícola de esos terrenos.
Por tales razones, sus operaciones fueron paralizadas por la Proedemaren, lo que incluye la planta procesadora de esa corporación minera.
Además, el Ministerio Público ambiental también paralizó una procesadora de agregados que funcionaba sin el debido permiso ambiental y que es propiedad de un ciudadano identificado como Santiago Santos.
Asimismo, bajo las mismas condiciones operaban las empresas de agregados identificadas como Inversiones Lodaco, JFred y Rudicon, lo que llevó al Ministerio Público ambiental a paralizar sus operaciones por no poseer los permisos legales, siendo citados sus representantes a comparecer en la sede de la Proedemaren.
También fue mantenida la paralización de los proyectos de un ciudadano identificado por el nombre Federico Bergés, acusado de perforar la capa freática, como consecuencia de la extracción indiscriminadas de materiales de la corteza terrestre en las inmediaciones del río Yuna.
Durante la jornada, Contreras advirtió que se continuará una jornada de supervisión de las granceras a nivel nacional, sin permitir que los ríos, sus franjas rivereñas o sus llanuras de inundación se conviertan en zonas de depredación ambiental con la extracción de agregados y el cambio abusivo del uso de esas zonas de alta productividad o que carezcan de permisos ambientales.
