El Gobierno de Paraguay anunció la reglamentación de la ley de atención integral a las personas con cáncer, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2018 y a la espera, desde entonces, de una decisión por parte del Ejecutivo.
La demora provocó la indignación de los pacientes con cáncer y sus familiares, que a principios de mayo se reunieron con el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, para mostrarle su disconformidad y exigirle la reglamentación de la normativa, más de medio año después de pasar el trámite legislativo.
La ley, ya reglamentada, permitirá la habilitación de una cuenta especial sin límites financieros para que todos los pacientes de cáncer puedan contar con asistencia sanitaria.
El Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección General del Tesoro, abrirá una cuenta a nombre del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), que además de no contar con topes, tampoco se verá expuesta a disminuciones presupuestarias desde el Fondo Solidario.
El MSPyBS se encargará de fijar las condiciones para las transferencias del Fondo Solidario a otras instituciones del sistema sanitario.
Entre las atribuciones que esta ley otorga al Ministerio de Salud se encuentra también la elaboración de un listado nacional de drogas antineoplásicas y otras necesarias para los tratamientos y cuidados paliativos, para lo que se contará con el trabajo de un comité técnico interdisciplinario.
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Tanto esa lista como los protocolos de diagnóstico y tratamiento se someterán a revisión periódica, con las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora para la Atención Integral del Cáncer como referencia.
Con esta nueva normativa, también se creará un Registro Nacional de Personas con Cáncer, que funcionará como una base de datos dependiente del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), integrado por el Hospital Oncológico Nacional (HON) y el Programa Nacional de Cáncer (Pronac).
Del mismo modo, el Incan y la cartera sanitaria trabajarán para desarrollar acciones de prevención y detección del cáncer, que se llevarán también a los programas educativos, para que desde 2020 aparezcan contenidos relacionados con el cáncer en los currículos formativos.