Fachada del Sistema Penal Acusatorio I Foto: EFE/Carlos Lemos
Un tribunal de Panamá "enterró" este jueves el caso de la niña indígena de 8 años violada en 2021 y "obligada" a ser madre, al negarle abortar, tras las denuncias de las organizaciones feministas que señalan que el Estado panameño no actuó de manera "eficiente" con la menor.
Esta mañana se celebró una audiencia para reabrir el caso, que fue archivado al considerarse que no se cometió ninguno de los delitos contra el Estado denunciados desde el pasado marzo por las abogadas, agrupadas en organizaciones feministas, que consideran que no se actuó de forma "oportuna y eficiente" a través de los mecanismos institucionales, "obligando" a dar a luz a la niña.
La jueza reiteró "que no se observan elementos para considerar la reactivación del proceso, verificándose la no existencia del delito denunciado en su momento. Por lo que no se accedió a ordenar la reapertura de la investigación", según informó en un comunicado el Órgano Judicial de Panamá.
En diciembre de 2021, la tía de la menor denunció ante el Ministerio Público (Fiscalía) que su pareja había violado a la niña de 8 años, oriunda de la comarca Guna Yala en el Caribe.
Tras ello, las autoridades solicitaron un ultrasonido obstétrico, que determinó que la pequeña estaba de unas 23 semanas de embarazo. El culpable fue detenido y está actualmente cumpliendo condena, según la información oficial.
Debido a que el grado de gestación estaba fuera de la ley para realizar un aborto y los médicos consideraron que la menor estaba "apta" para el parto, la menor fue sometida a una cesárea en marzo de 2022.
En Panamá el aborto está permitido bajo tres causales, recogidas en el artículo 144 del Código Penal: hasta las 8 semanas si este es producto de una violación, y hasta 22 semanas si la mujer o el feto están en riesgo de muerte.
Tras la decisión de hoy, el caso queda "enterrado", explicó a EFE Dayana Bernal, una de las abogadas, pues "la jueza plantea que las instituciones del Estado se activaron, comenzaron una cadena de participación y todas cumplieron con la urgencia, y no hay elementos adicionales para reabrir el caso".
Bernal adelantó que elevarán este caso a "organismos internacionales" tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
"¿HACER PARIR NO ES PONER EN RIESGO SU SALUD?"
La especialista en prevención de violencia hacia las mujeres y miembro de la organización Espacio Encuentro de Mujeres, Eusebia Solís, declaró a EFE que el "daño psicológico" a la menor no se tuvo en cuenta y que este caso invita a revisar la ley para añadir más excepciones en el aborto.
"Pongo en duda que hacer parir a una niña de 8 años no pone en peligro a su vida", destacó Solís.
"¿Cómo le van a pedir a una niña de 8 años que esté preparada físicamente, que esté lista para ser madre a ojos del Estado? Psicológicamente y mentalmente una niña no puede asumir un hijo o una hija producto, además, de una violación", apuntó la experta.
A su juicio, el caso invita a ver cómo se logra introducir "excepciones en ese Código Penal que condena el aborto como un delito".
