Presidente Daniel Ortega | Foto: @Presidencia
El presidente Daniel Ortega mantiene a Nicaragua en un "estado de excepción", que incluye "asedio y persecución" contra los nicaragüenses, informó la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco este jueves, cuando se cumple un año de la "insurrección cívica" contra el mandatario.
La Unidad basó su señalamiento en "el secuestro de más de 68 personas por parte de policías y paramilitares, la agresión a periodistas independientes y la evacuación de más de 300 personas" que intentaban participar en una protesta contra Ortega ayer miércoles.
"Lo acontecido el día de ayer reafirma el estado de excepción en el que Ortega tiene al país", resaltó la Unidad, en un comunicado.
La Policía de Nicaragua mantiene una prohibición de todo acto de manifestación contra Ortega, lo que deja al menos a dos personas detenidas cada día, según denuncias de la Unidad.
El ambiente de tensión a causa del conflicto entre una aparente mayoría de nicaragüenses y el presidente Ortega se ha mantenido desde el estallido social del 18 de abril de 2018, causado por reclamos por supuesta corrupción y abuso del poder en los últimos 12 año de su Gobierno, que incluye a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las manifestaciones contra Ortega han dejado cientos de muertos, desaparecidos o presos, en tanto que decenas de miles de personas huyeron al exilio.
"Todos y todas somos abril, Nicaragua y el mundo vimos a un pueblo victorioso, digno, valeroso, cívico y pacífico, haciendo uso de nuestro derecho constitucional a la libre movilización", subrayó la Unidad, al recordar los últimos 12 meses desde la "insurrección cívica".
Los opositores agregaron que seguirán en las calles porque les "pertenecen", y advirtió a los miembros del Gobierno: "que se van, se van, este pueblo es invencible".
La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios locales hablan de hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199.
También habría entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de crímenes de "lesa humanidad".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por ruptura del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
