El Gobierno de Daniel Ortega anunció este lunes su apertura a buscar "soluciones creativas y posibles" para superar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado, mientras que un obispo y sectores de la oposición condicionaron la reanudación de un diálogo a la liberación de presos políticos, entre otras demandas.
"Nuestro Gobierno (está) siempre abierto a conversar, escucharnos y buscar soluciones creativas y posibles para Nicaragua y entre nicaragüenses", afirmó la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.
Murillo hizo ese anuncio dos días después de que el Gobierno informara que se había reunido con un grupo de empresarios con los que abordó "temas importantes para el bien común del país", y en el que confirmaron "la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco".
El obispo auxiliar de la diócesis de Managua, Silvio Báez, uno de los más influyentes de Nicaragua, señaló que la solución a la grave crisis que vive su país debe ser guiada por el ideal del "diálogo, la justicia y la democratización".
"En el camino hacia la solución de la crisis nacional hay que dar todos los pasos posibles para conseguir mínimos importantes y necesarios, aunque sean limitados y aún ambiguos. Pero estos tienen que ser guiados siempre por el máximo del ideal: diálogo, justicia, democratización", expuso el religioso en sus redes sociales.
Horas antes el obispo había advertido que "no puede haber diálogo si hay presos políticos", en referencia a cientos de nicaragüenses que han sido encarcelados en los últimos 10 meses por participar en protestas antigubernamentales o alzar la bandera de Nicaragua.
El diálogo, justicia y democratización referidas por el obispo Báez coinciden con los reclamos de diversos sectores de la sociedad nicaragüense que exigen la salida de Ortega por la vía pacífica, que los responsables de crímenes en la crisis sean juzgados, y que Nicaragua retome el camino hacia la democracia.
Los mismos sectores sociales han advertido la necesidad de un diálogo "sin presos políticos" y con la garantía del respeto a las libertades públicas.
En tanto, el grupo de empresarios que se reunió con Ortega expresó que su interés es "una negociación incluyente" y que lleve a la democracia en el corto plazo.
También que sus "únicos objetivos" fueron "abrir las puertas para reanudar la negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El diálogo entre las dos partes ya había iniciado en mayo pasado, pero fue abandonado de forma unilateral por Ortega en julio.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco -a la que pertenece la Alianza Cívica, que a su vez aglomera los intereses de los empresarios, campesinos, estudiantes, académicos, agricultores y otros sectores- respaldó un posible diálogo si se da la liberación de los manifestantes y la restitución de las libertades públicas como prioridad.
Para el antiguo operador político del sandinismo en el Poder Judicial, el exmagistrado Rafael Solís, Ortega está forzado a negociar ante la posible caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
También por una creciente presión internacional que incluye sanciones individuales a funcionarios nicaragüenses por parte de EE.UU. y de la Unión Europea, así como la posibilidad de expulsar a Nicaragua de la OEA, cuyo organismo ha comenzado a aplicar la Carta Democrática.
Otro factor, a juicio de Solís -quien es padrino de bodas de Ortega y Murillo- es la estrepitosa caída de la economía nicaragüense, que se contrajo un 4 % el año pasado, y con proyectos de decrecer entre un 7,3 a 10,9 % en 2019.
Por último, y no menos importante, sigue siendo la presión interna, anotó.
El posible reinicio del diálogo nacional, que Ortega abandonó en julio pasado, no tiene fecha ni agenda, informó el cardenal Leopoldo Brenes, quien estuvo presente en la reunión junto al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag en calidad de invitados por las dos partes.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
