Foto: Ciudad Alternativa
Organizaciones sociales depositaron ayer martes una acción de amparo contra la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entornos (Urbe) tras no recibir información solicitada sobre el proyecto Nuevo Domingo Savio desde octubre del año 2017.
En una rueda de prensa realizada frente al Tribunal Superior Administrativo (TSA), las organizaciones denunciaron que hasta la fecha han realizado cuatro solicitudes de conformidad con la normativa de acceso a la información pública y no les han ofrecido respuesta, incumpliendo el plazo de los 15 días previstos en el artículo 8 de la Ley 20-04 .
“La ausencia de respuesta por parte de la Urbe se configura claramente como una denegación ilegal de la información solicitada y, por tanto, constituye una vulneración al derecho fundamental al libre acceso de información pública contemplado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República”, alegó Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Ciudad Alternativa.
“La Urbe no ha emitido siquiera comunicación alguna justificando las razones por las que no entrega la información. Su actitud ha sido de total indiferencia a los requerimientos que se les han hecho, no obstante, independientemente de que este derecho corresponde a toda persona, conocen plenamente del objeto social de Ciudad Alternativa y de los trabajos que ésta realiza con los temas de vivienda y hábitat”, añadió.
El abogado Jaime Rodríguez, quien sostiene el caso, afirmó que este precedente cobra especial relevancia porque se trata de organizaciones que constantemente expresan en investigaciones e informes técnicos posiciones respecto del derecho a la vivienda y al hábitat, por lo que necesariamente para cumplir su objeto social necesitan de acceso a las informaciones públicas vinculadas con el tema.
En materia de acceso a la información pública ha sido una constante considerar la vía del amparo como la más efectiva para garantizar la protección del derecho fundamental en cuestión, es por ello que la presente se interpone en contra de una omisión de entrega de información por parte de un órgano de la administración pública, razón por la cual queda configurada la competencia del TSA, añadió.
Las Instituciones que actúan como ejecutantes de la acción de amparo son Ciudad Alternativa, Red Urbano Popular, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat (Coophabitat), Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) y el Consejo de Desarrollo Comunitario de la Caleta.
