El Parlamento de Nicaragua | Foto: EFE/Jorge Torres
El Gobierno de Nicaragua liberó a dos delincuentes comunes entre un grupo de "presos políticos" que recibieron su libertad absoluta este lunes, bajo la nueva Ley de Amnistía, según denunció la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
"Hay dos presos comunes con antecedentes delictivos", advirtió el dirigente empresarial Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza, contraparte del Gobierno en las negociaciones para sacar a Nicaragua de la crisis actual, las que se encuentran estancadas.
El Gobierno liberó hoy a 50 "presos políticos" bajo la polémica Ley de Amnistía, aprobada el pasado sábado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento), para absolver a las personas señaladas de cometer delitos en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
Sin embargo, dos de ellos, identificados como Helder Rafael Calero Palma y Álvaro Ernesto Hernández, no aparecen en la lista de "presos políticos" que maneja la Alianza, así como tampoco el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.
"Sabemos que los (presos políticos) que hoy están totalmente liberados son apenas 50, pero dentro de ellos van dos que no estaban en las listas de los presos políticos", indicó el Comité, en un pronunciamiento.
Chamorro dijo desconocer el objetivo del Gobierno al liberar a dos hombres que desde 2017, un año antes del estallido social, ya habían sido clasificados como "narcotraficantes" por medios del Gobierno.
Calero fue capturado en capturado en marzo pasado con decenas de miles de dólares y 10 kilos de cocaína, según la información oficial.
Hernández era un narcotraficante que escapó cuando era arrestado en una incautación de drogas en febrero de 2017, de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, pero apareció entre los "presos políticos" liberados que identificó el Ministerio de Gobernación.
La libertad de los "presos políticos" se basa en una ley que ha causado polémica, ya que la oposición considera que la misma crea la apariencia de beneficiar a quienes protestaron contra el presidente Daniel Ortega, pero que en realidad favorece a policías y paramilitares que han matado a opositores desde el estallido sociopolítico de 2018.
Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsabiliza al Gobierno de Ortega por la muerte de cientos de nicaragüenses y varios extranjeros en el marco de la crisis.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
