José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) I Foto: EFE/Carlos Herrera
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se mostró este martes abierta a retomar las negociaciones con el Gobierno de Nicaragua para superar la grave crisis sociopolítica local, pero mostró rechazo a que se logren "acuerdos de papel", es decir, que no se cumplan en la práctica.
La Alianza mostró su posición luego de que el Gobierno anunció que ambas partes sostienen "reuniones informales" para reiniciar las negociaciones que finalizaron el 3 de abril, tras haberse desarrollado formalmente del 27 de febrero al 28 de marzo y con seis días de prórroga, en las que alcanzaron dos acuerdos, que el Ejecutivo incumplió.
"No es suficiente tener acuerdos de papel, se tienen que convertir en actos, acciones, hechos", dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) e integrante de la Alianza, José Adán Aguerri.
La Alianza Cívica sostiene que el Gobierno se comprometió a liberar a los "presos políticos" y respetar con la Constitución de Nicaragua en lo referido al respeto de los derechos humanos y las libertades públicas, pero que hasta ahora no cumple, lo que hace que las negociaciones no tengan sentido.
La Alianza ha señalado al Gobierno del presidente Daniel Ortega de no tomar en serio las negociaciones y lo acusa de utilizar el espacio para evitar sanciones externas, así como de alargar la crisis, que estalló hace casi un año.
Aguerri afirmó que, pese a que las negociaciones fueron suspendidas, las partes cuentan con comisiones técnicas que se reúnen de forma constante para que el Gobierno cumpla con la liberación de los "presos políticos", cuyo número va desde los 809 que indica la Alianza hasta una cantidad menor en casi el 50 por ciento, que sostienen las autoridades.
El empresario opositor insistió en que la única manera de que las negociaciones se conviertan en un proceso "serio" es que el Gobierno acepte la participación de garantes internacionales y cumpla con los acuerdos firmados.
Las partes todavía tienen pendiente ponerse de acuerdo en el establecimiento de "la verdad, justicia, reparación y no repetición", el "fortalecimiento de la democracia y reformas electorales" -que busca el adelanto de las elecciones de 2021-, el llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones, y los mecanismos de implementación de los acuerdos.
La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, y el Ejecutivo reconoce 199.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
