Adriana Quiñones, representante de ONU Mujeres en Guatemala | Foto: @onumujeresgt
ONU Mujeres y Transparencia internacional (TI) presentaron este martes en Guatemala un documento en el que piden a los diferentes actores desarrollar una estrategia regional integrada para abordar las formas de corrupción de género, incluida la extorsión sexual.
El Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el Caribe, publicado esta semana por TI, reveló que en los 18 países encuestados, una de cada cinco personas experimenta extorsión sexual al acceder a servicios públicos o bien conoce a alguien que ha pasado por esta situación.
El setenta y uno por ciento de los encuestados opina que la extorsión sexual se da al menos ocasionalmente y solo el ocho por ciento de los ciudadanos piensa que nunca sucede.
La encuesta también reveló que las mujeres son significativamente más propensas a pagar sobornos por servicios de salud y educación en escuelas públicas.
"La realidad es que las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la corrupción y esta investigación muestra que al acceder a la atención médica y la educación pública las mujeres son particularmente vulnerables al soborno", dijo la presidenta de TI, Delia Ferreira.
En esta línea, durante un evento celebrado en Ciudad de Guatemala, la directora regional para América Latina y El Caribe de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza, dijo que se está trabajando para generar "evidencias" sobre el impacto que tiene la corrupción en las mujeres y que estas sirvan de apoyo para fortalecer políticas públicas anticorrupción.
Desde 2018, continuó, la colaboración con Transparencia Internacional y el programa EUROsociAL+ ha permitido el análisis de la dimensión de género en la lucha contra la corrupción en América Latina.
En declaraciones a EFE, Vaeza dijo que las mujeres son las que más sufren la corrupción y agregó que hay "relaciones causales" entre la participación de la mujer y la baja de la corrupción, pero reconoció que todavía no hay evidencia científica sobre esto.
"El problema es que no hemos llegado políticamente. Tenemos muy baja participación política y también cuando la mujer participa políticamente es violentada y además percibe la corrupción, la denuncia y tiene que callarse porque pierde la vida", proclamó, y recordó que Bolivia es el único país que tiene una ley para proteger a las mujeres en este sentido, aunque todavía no la ha implementado.
La directora regional de ONU-Mujeres abogó por eliminar la extorsión sexual y agregó que en lo sectores que más se da son en la educación y en la salud.
En este contexto, el presidente de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de TI, Edie Josué Cux, aseguró que Guatemala tiene una de las tasas más altas de extorsión sexual en la región y pidió garantizar que las mujeres y las niñas no sigan sufriendo "esta terrible forma de corrupción" con un enfoque de "tolerancia cero" para los funcionarios que abusan de su autoridad.
Específicamente, Transparencia Internacional insta a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que desarrollen una legislación para "confrontar y acabar con la extorsión sexual", recopilar, analizar y difundir datos de género sobre corrupción, apoyar la participación de las mujeres en la vida pública y política e incluirlas en la toma de decisiones.
También exhortan a los estados a empoderar a las mujeres para que denuncien el abuso e informen sobre el progreso respecto a los aspectos específicos de género incluidos en el Compromiso de Lima sobre corrupción, adoptado en la VIII Cumbre de las Américas.
