Presidente Daniel Ortega | Foto: @Presidencia
Un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostiene este miércoles una reunión con el Gobierno de Nicaragua y la oposición, en la que abordan temas electorales, en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas.
El jefe de la Sección de Cooperación Técnica Electoral, del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) del organismo, Cristóbal Fernández, inició el encuentro con una delegación del Gobierno nicaragüense y otra de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
La representación del Gobierno es encabezada por el canciller, Denis Moncada y el presidente del Poder Electoral, Lumberto Campbell.
La delegación de la Alianza opositora es encabezada por el director ejecutivo del centro de investigaciones independientes Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro.
Al ingresar a la reunión Chamorro dijo a periodistas que Fernández presentaría "un calendario de reformas electorales, de previo solicitada por la misma Alianza Cívica".
Por su parte, el Gobierno ha informado que la reunión de este miércoles sería una "continuación" del memorándum de entendimiento suscrito el 28 de febrero pasado entre el Gobierno de Daniel Ortega y la OEA.
A su ingreso al encuentro, Moncada reiteró que "o está sobre la mesa el tema de adelanto de elecciones" de 2021.
La reunión se da en medio de una crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque grupos locales elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
El Gobierno de Ortega invitó a la Secretaría General de la OEA a participar en la mesa de negociaciones concluida a inicios del mes, la cual aceptó incorporarse como testigo y acompañante.
El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
