Los obispos de Centroamérica rechazaron este viernes en Honduras la violencia contra los obispos y la población de Nicaragua en medio de una crisis política y social que ha dejado 199 muertos, según el Gobierno, y expresaron su solidaridad.
"Manifestamos nuestra solidaridad con los hermanos obispos de Nicaragua y con todos sus fieles", indicó el Secretariado Episcopal de América Central en un comunicado.
Los obispos centroamericanos, que se encuentran reunidos en Valle de Ángeles, un pintoresco pueblo cercano a la capital hondureña, rechazaron "todo tipo de violencia contra los obispos y toda persona" de Nicaragua.
El 9 de julio pasado, un grupo de parapolicías irrumpió violentamente en la basílica de San Sebastián, donde agredieron a varios obispos y periodistas, entre ellos el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio Báez.
La agresión ocurrió cuando los obispos viajaron a Diriamba para liberar a un grupo de enfermeros y misioneros franciscanos sitiados por los parapolicías en el templo.
"Nos unimos a las ansias de paz, justicia, libertades y el diálogo sincero en este hermano país como camino hacia la democratización", señaló el Secretariado Episcopal, que lo integran los obispos presidentes de las conferencias episcopales de Centroamérica.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es señalado por diversos sectores de ese país y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, como el responsable de la crisis nicaragüense.
La crisis de Nicaragua ha dejado entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales e internacionales, de los que el Gobierno reconoce 199.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega rechaza los señalamientos y dice que se impuso a un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno.
