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La farmacéutica estadounidense Eli Lilly dijo el pasado viernes que la Fiscalía General de Nueva York le ha requerido documentación referente a los altos precios de la insulina, según un reporte remitido por la compañía a la Comisión de Mercados y Valores estadounidense (SEC, en inglés).
"Hemos recibido un requerimiento de documentación de la Fiscalía General de Nueva York y demandas de procedimientos de investigación civiles de las Oficinas de Washington y Nuevo México en relación al precio y a la venta de nuestros productos de insulina", explica la firma en el documento.
A principios de la semana, otra farmacéutica, Sanofi, reveló que había recibido una petición de la oficina neoyorquina, compartida con Eli Lilly y la fabricante Novo Nordisk, en relación a este asunto.
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Eli Lilly, con sede en Indianápolis (EE. UU.) es la fabricante de varios tratamientos para la diabetes como Humalog, y lleva en el foco de las autoridades desde hace tiempo debido al alto coste de la insulina.
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), 30 millones de estadounidenses padecen diabetes y el coste medio de un paciente del tipo 1 de esta afección se duplicó entre 2012 y 2016: de 2.900 dólares al año, pasó a 5.700.
En Estados Unidos, la cantidad de personas con diabetes diagnosticada y nuevos casos de diabetes se duplicó en la década de 1990 y durante la década de 2000, hasta convertirse en una de las amenazas de saludpública más preocupantes del país.
Sin embargo, los nuevos casos han disminuido de 1,7 millones en 2008 a 1,3 millones en 2017, precisaron los CDC.
Según detalla el documento, Eli Lilly también ha recibido peticiones procedentes de otros estados, como Misisipi, California, Florida, Hawái o Nevada, en referencia a su precio, o a la competencia en el sector de la insulina.
También han requerido información de la compañía la Cámara de Representantes y el Senado federal y Eli Lilly "está cooperando" con todas estas investigaciones.
Además, la compañía detalla varios frentes judiciales abiertos, como demandas en Nueva Jersey y una presentada por la Fiscalía General de Minesota y Kentucky, donde se alegan violaciones contra las leyes estatales que protegen a los consumidores.
"Creemos que todas estas peticiones no tienen sustento y estamos defendiéndonos con vigor contra ellas", asevera la compañía en el documento.
