Juan T H
Ni lo estuve antes, ni lo estoy ahora. Sigo en desacuerdo con la privatización de los bienes del Estado.
No estuve de acuerdo con la venta del sector eléctrico durante los gobiernos del PLD, como se pretendió, ni lo estoy ahora. Quiero seguir siendo coherente. No sé, porque nadie me lo ha explicado, cuáles son las ventajas de entregarle a los empresarios un negocio que puede dejar grandes beneficios. Además, un sector estratégico para el desarrollo, como lo es el energético, no se puede regalar ni vender sin correr un alto riesgo y sin pagar consecuencias peligrosas para la estabilidad política y la gobernanza.
El tema de la energía eléctrica es de seguridad nacional, no se le puede entregar a ningún sector político, económico y social en particular. Un Estado no puede correr el riesgo de que en un momento de crisis la corten o se la suspendan dejando el país sin electricidad paralizando la producción industrial. Un gobierno no puede estar a expensa o depender de la voluntad de grupos empresariales que un día están con dios y el otro con el diablo.
La seguridad estratégica nacional debe ser innegociable, y la cuestión energética es de seguridad nacional, lo he dicho muchas veces a lo largo de 40 años. Creo, por igual, que el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader, debe reflexionar al respecto antes de tomar una decisión definitiva.
El pueblo, dueño por derecho de la riqueza pública nunca ha sido consultado, ya sea en un plebiscito o en una encuesta bien representativa, sobre si está a favor o en contra de que sus propiedades sean traspasadas a un sector empresarial por demás voraz al que no le importa el desarrollo nacional, solo la acumulación de capitales para aumentar su poder económico y político.
Tras el ajusticiamiento del dictador Rafael L. Trujillo, el Estado era inmensamente rico, pues casi todas las industrias, fábricas y comercios, incluyendo grandes extensiones de tierra, eran “propiedad del Jefe” que no fue más que un asesino y ladrón, que hizo del terror el modo de mantenerse en el poder por más de 30 años.
Decapitada la tiranía, esa incalculable fortuna pasó a manos del Estado, nunca del pueblo. Posteriormente grupos económicos y políticos paulatinamente se fueron apropiando de la misma argumentando que “el Estado es mal administrador”. Sin embargo, durante la tiranía todas esas empresas eran prósperas, dejando muchos beneficios, pero, cuando cayeron en manos privadas quebraron, no así sus nuevos dueños que por el contrario se enriquecieron exponencialmente.
La privatización de las empresas del Estado sirvió para enriquecer a grupos económicos, políticos y sociales, pero el pueblo, dueño de las mismas, se empobreció durante todo el proceso. La corrupción estuvo presente, tanto en nuestro país como en los demás países latinoamericanos donde se produjo la privatización.
A la llegada del Partido de la Liberación Dominicana al poder con Leonel Fernández, 1996 y posterior 2004, prácticamente todas las empresas heredadas de Trujillo fueron liquidadas, vendidas al peor postor mediante procesos fraudulentos y corruptos. El PLD creo un Estado grande en corrupción, en estafa y desfalco; un Estado con 300 mil empleados lo elevó a 700 mil, con nominas abultadas, nominillas clandestinas, botellas y botellones tanto en el país como extranjero. La hiper corrupción no se detuvo durante la venta de las empresas del Estado.
La mayoría de los grupos económicos siempre han estado de acuerdo con la privatización de los bienes del Estado porque los favorece. La mayoría ha basado sus fortunas precisamente en el Estado patrocinando campañas electorales y candidatos presidenciales, congresuales y municipales para luego recuperar su “inversión” de diversas formas. (No es casual que la evasión fiscal ronde el 40% en nuestro país)
Lo dije antes y lo dicho ahora: No estoy de acuerdo con la privatización de las empresas del Estado. No creo sea un buen negocio, por lo menos no para el pueblo dominicano que lamentablemente parece no tener vela en el entierro.
En el pasado me opuse en radio, televisión y prensa escrita a la venta de los bienes del Estado. Ahora también. (Quiero seguir siendo coherente con mis ideas y principios, me cueste, lo que me cueste)
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