Estudiante durante protesta en Nicaragua. | Foto: EFE/Jorge Torres
El Gobierno de Nicaragua estimó ayer lunes en 1.180,6 millones de dólares los daños causados por la crisis sociopolítica local, que inició el 18 de abril pasado y que ha cobrado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Los daños, que el Gobierno atribuyó al "terrorismo golpista", se dieron principalmente en pérdidas en los sectores transporte y turismo, destrucción de obras públicas y reducción del presupuesto general de la República.
De acuerdo con un informe, del que el Ejecutivo emitió un resumen este lunes, a través de medios del Gobierno, el Estado de Nicaragua perdió 525 millones de dólares en el sector transporte y otros 231 millones de dólares en la industria turística.
La destrucción en el sector público fue calculada en 205,4 millones de dólares, y la reducción en el presupuesto estatal fue de 219,2 millones de dólares, debido a la falta en el pago de los impuestos, indicó el Gobierno nicaragüense.
Adicionalmente la crisis ha causado la pérdida de 119.567 empleos, según el informe estatal.
El Gobierno también elevó a 199 el número de muertos que reconoce de manera oficial como producto de la crisis, entre ellos 23 policías, más otros 401 agentes de seguridad heridos de balas.
Las muertes reportadas por el Gobierno fueron "víctimas del terrorismo golpista", por lo que no reconoce a las cientos de personas que han muerto por disparos de los policías ni de los paramilitares, reportados por instituciones defensoras de los derechos humanos locales y multinacionales.
Organizaciones humanitarias locales y extranjeras han calculado hasta en 512 el número de fallecidos a causa de la crisis, principalmente por protestar contra Ortega, así como policías, paramilitares, periodistas, niños y extranjeros.
También reportan más de 300 "presos políticos", que podrían superar el millar si centenares de personas desaparecidas se encuentran bajo arresto.
Tanto la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, responsabilizaron al Gobierno de Ortega por "graves y sistemáticas" violaciones a los derechos humanos.
Dichos organismos señalan al Gobierno por "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
En una entrevista con Efe en Managua, Ortega negó que haya sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.
Antes de la crisis el Banco Central de Nicaragua (BCN) proyectaba un crecimiento económico del 4,5 por ciento al 5 por ciento en 2018, estimación que bajó al 1 por ciento tras el estallido social.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron en por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
