Ana María Tello, coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), | Foto: EFE/Jorge Torres
El Gobierno de Nicaragua anunció este miércoles la suspensión temporal de la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua(Meseni), establecido por la CIDH, y la expiración del plazo de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La Cancillería de Nicaragua informó a miembros del GIEI y del Meseni, entes tutelados por la CIDH, que su misión terminó a partir de hoy miércoles.
La decisión fue comunicada a los representantes del Meseni y del GIEI en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Managua, donde fueron citados.
La coordinadora del Meseni, Ana María Tello, dijo a periodistas en las afueras de la Cancillería que esa misión, que se instaló en Nicaragua el 24 de junio pasado, seguirá funcionando desde su sede en Washington.
En tanto, el GIEI haría público mañana jueves el informe final sobre los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasados.
El GIEI se estableció en Nicaragua el 2 de julio tras un acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH y el Gobierno de Managua.
El trabajo del GIEI abarcó del 18 de abril al 30 de mayo, cuando organismos humanitarios calculaban que habían perdido la vida 300 personas, aunque ese Grupo sólo investigó a 127.
Previo al anuncio de la decisión del Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este mismo miércoles de la "intensificación de la cuarta etapa de represión estatal" en Nicaragua, sumida desde abril pasado en una crisis que ha dejado cientos de muertos y detenidos en protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega.
"A ocho meses del inicio de las protestas en Nicaragua, a través de la información registrada en el terreno por el Meseni, la CIDH observa la intensificación de una cuarta etapa de represión estatal", señaló el organismo en una declaración pública.
La CIDH ha identificado en la cuarta etapa de la represión las agresiones por parte del Gobierno de Ortega, las amenazas y el acoso a los periodistas y medios independientes.
Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.
La cuarta fase incluye "incremento de agresiones y hostigamiento contra periodistas, detenciones y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y opositores, expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes por participar en protestas", agregó el organismo.
La CIDH también llamó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) "y a la comunidad internacional a rechazar la represión que mantiene en una situación crítica el ejercicio y goce de las libertades y derechos de la población en Nicaragua".
Según la CIDH la represión en Nicaragua ha dejado 325 muertos, más de 300 "detenidos arbitrariamente", 200 profesionales de la salud despedidos y 40 catedráticos destituidos.
Las organizaciones locales que defienden los derechos humanos cuentan hasta 545 muertos y 674 detenidos, que consideran "presos políticos".
El Gobierno de Ortega reconoce 199 víctimas y 273 detenidos a los que denomina como "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
Ortega rechaza ser el responsable de los abusos de los que es señalado su Gobierno, y denuncia un intento de "golpe de Estado" que ya fracasó.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno, por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.
