Óscar Pérez entrega documento al diputado de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos | Foto: Equipo de prensa "Cotuí Existe"
El Gobierno se quedaría para el próximo 2019 con más de 3,200 millones de pesos correspondientes a los fondos mineros de la provincia Sánchez Ramírez, denunció este martes el Bloque de la Unidad por el Desarrollo de Cotuí y Sánchez Ramírez.
El grupo solicitó al Congreso Nacional incluir en el Presupuesto General del Estado una mayor inversión en el municipio de Cotuí y en la provincia Sánchez Ramírez en sentido general.
Indican que a pesar de sus grandes aportes al Estado a través de la mina de oro de Pueblo Viejo, la provincia está sumergida en la marginalidad y la pobreza.
Los comunitarios, en el marco de la campaña “Cotuí Existe”, colocaron frente al edificio del Congreso una exposición fotográfica itinerante mediante la cual visibilizan las principales necesidades de su comunidad.
Con imágenes tomadas por el fotógrafo Orlando Ramos presentan el problema de la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio cabecera de Sánchez Ramírez.
Los comunitarios, además, reclaman la reparación de calles y caminos vecinales, así como servicio eléctrico permanente para todos los sectores, y en especial para los barrios más pobres.
“Tenemos una mina de oro, pero en Cotuí podemos pasar meses sin agua en la llave por falta de un acueducto. Más de cuatro mil de nuestros jóvenes tienen que viajar a otras provincias a estudiar porque no tenemos un centro universitario de la UASD. Y las oportunidades de empleo y desarrollo para nuestra gente son cada vez más escasas. Tenemos oro, pero no tenemos una protección efectiva de nuestros derechos más básicos”, asegura el Bloque de la Unidad.
El colectivo entregó una comunicación a una comisión de legisladores conformada por los diputados Ricardo de los Santos del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Fidel Santana del Frente Amplio y el senador y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, entre otros congresistas.
Fondos mineros
Consideraron como una dramática paradoja el hecho de que al 2019 los ingresos del Estado por concepto de las operaciones de la Barrick Gold en la mina de oro de Pueblo Viejo, serán de $81,725 millones, mientras que la asignación presupuestaria para Sánchez Ramírez en el marco del derecho provincial al 5 % de los beneficios mineros llegaría a RD$850 millones, equivalentes al 1.3 % de lo que por mandato de la Ley 64-00 le corresponde a las comunidades mineras de la zona.
“Estamos hablando de que desde el 2013 al 2019, el Gobierno y el Congreso Nacional habrán diseñado y aprobado presupuestos en los que a nuestra provincia la habrán despojado de más de $3,236 millones que por ley les corresponden", argumentó el grupo a través de una nota de prensa.
No es justo mantener a un pueblo levantado sobre una mina de oro en la pobreza y el abandono, afirmó el equipo coordinador de la campaña "Cotuí Existe", tras destacar que Sánchez Ramírez, según el mapa de la pobreza del Ministerio de Economía, es la provincia más pobre de la región Cibao-sur
