Fiscales actuantes en caso Gavilán | Foto: PGR
El Ministerio Público sostuvo este lunes que a 16,958 personas les fueron borrados o alterados los registros de antecedentes penales por parte de los imputados de la Operación Gavilán.
Así lo expusieron los fiscales litigantes que representaron al Ministerio Público en la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra 12 personas vinculadas a la red criminal.
La fiscal Sourelly Jáquez dijo sobre el proceso: “se presentó hoy la medida de coerción, donde, no solamente se indicaron las más de 8 mil personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino fueron 16,958 personas, que, conforme al peritaje técnico, les fueron eliminados o borrados los antecedentes penales”.
Añadió “en el día de hoy también se le dio oportunidad a que los imputados manifestaran sus declaraciones y sus medios de defensa, donde dos imputados declararon en esta fase, dentro de ellos, el miembro actual de la Policía Nacional, Antony Ferrer, quien admitió los hechos que presentó el Ministerio Público en la medida de coerción”.
Adelantó que en la audiencia de mañana martes continuarán exponiendo dos defensas técnicas y las contrarréplicas del Ministerio Público.
Jáquez se refirió al proceso al responder preguntas de los periodistas de la fuente judicial que la entrevistaron a la salida del tribunal, a quienes le dijo que la audiencia podría concluir este martes 8 de agosto.
En sus respuestas a la prensa, precisó “que la compañía Nexcom Technology, es una compañía de tecnología que fue utilizada por los imputados y movilizó más de 12 millones de pesos para hacer la eliminación y adulteración, vinculada al exmiembro de la Policía Nacional Luis Alfredo Astacio Polanco, que es uno de los imputados que está aquí presente”.
Sobre los fiscales involucrados en la red, dijo que “son de diferentes jurisdicciones y ya Inspectoría y la Procuraduría General de la República, como había dicho anteriormente, en los próximos días van a estar indicando quiénes son los fiscales”.
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Jáquez representó al Ministerio Público en la audiencia junto al también fiscal Andrés Mena.
En sus conclusiones, los fiscales, representantes del órgano persecutor, solicitaron que se declare complejo el proceso y que se imponga la prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, contra Alfredo Mirambeaux Villalona, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva. Entre los involucrados también se encuentran los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
El Ministerio Público presentó su solicitud de medida de coerción contra los 12 imputados de la Operación Gavilán ante el juez Rigoberto Sena, quien subió al estrado pasado el mediodía y luego de ponderar incidentes presentados por algunas defensas, ordenó el inicio de la jornada.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público detalló las imputaciones de cada uno de los vinculados y la calificación jurídica de los delitos cometidos por la desmantelada red.
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
La audiencia continuó este lunes luego de su aplazamiento el pasado viernes 4 de agosto a solicitud de las defensas de los imputados, quienes pidieron más tiempo para conocer el voluminoso expediente.
El pasado 1 de agosto el Ministerio Público puso en marcha la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
En la operación participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red que borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.
En el borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, figuran entre los beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con la Operación Gavilán.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
El grupo fue sometido a la justicia por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
