Procuraduría General de la República | Foto: Kelvin de la Cruz
El Ministerio Público de este distrito judicial solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que sea declarado complejo el proceso seguido en contra de Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, quien es señalado como cabecilla de una red de lavado de activos producto del narcotráfico, y otros cuatro presuntos integrantes de dicha organización criminal que fue desmantelada el pasado lunes en esta provincia.
En ese sentido, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplazó para el próximo martes a las 9:00 de la mañana, la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra Miguel Arturo López Florencio, alías Micky López, quien es señalado como cabecilla de una red de lavado de activos producto del narcotráfico.
Según un comunicado, la audiencia fue aplazada a solicitud de los abogados defensores, quienes pidieron más tiempo para conocer el expediente y preparar sus medios de defensa.
Indicó que realizó la solicitud debido quee durante los allanamientos realizados en el transcurso de la investigación a diferentes inmuebles propiedad de Micky López encontraran múltiples evidencias que lo vinculan a dicha actividad criminal producto de la cual además se ha establecido que habría movilizado en el sistema financiero nacional más de 7 mil millones de pesos.
Además, su procedencia ilícita tampoco se corresponde con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII), así como que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.
Dijo que al imputado Miguel López se le vincula a Pablo Antonio Martínez Javier, cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada el pasado año luego que le fueran ocupadas 111,722 pastillas de ese tipo de droga, el más grande cargamento de este tipo en nuestro país y quien permanece prófugo y declarado en rebeldía por orden judicial.
En ese orden, indicó el Ministerio Público que durante las pesquisas realizadas a raíz de esa investigación se establecieron los vínculos de Miguel López y Pablo Antonio Martínez Javier y su involucramiento al lavado de activos producto del narcotráfico.
De igual manera, según el Ministerio Público, se ha establecido que López y su esposa, Rosa Amalia Pilarte López utilizaban de testaferro al empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando este depósitos a su favor y de diversas empresas por más de RD$ 3,168,764,813.00.
Agregó que este utilizaba a sus familiares más cercanos para ocultar propiedades y bienes, dentro de los cuales se encuentran sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, y su cuñada Ada María Pilarte y su esposo Manuel Antonio Ynoa.
