Frontera dominico-haitiana | Foto: Cesfront
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes y Trata de Personas (PETT), realizó en Montecristi un encuentro estratégico para reforzar las acciones contra la trata de personas en la zona fronteriza, en conjunto con el Poder Judicial y con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El “Encuentro estratégico para el fortalecimiento de la red de fiscales, jueces y actores clave para combatir la trata de personas en la Zona Fronteriza” estuvo dirigido al fortalecimiento del sistema, con el objetivo de identificar los problemas actuales de la parte norte de la frontera y crear grupos de trabajo estandarizados para la identificación y remisión de víctimas de trata de personas.
Además, el encuentro, que se realizó en el marco del “Programa Multipaís de Seguridad Fronteriza en Jamaica, Haití y República Dominicana” MCBS (por sus siglas en inglés, Multi Country Border Security) financiado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo para el Desarrollo (FED), tuvo por finalidad crear redes de apoyo que permitan el fortalecimiento de las diferentes instituciones que componen el sistema de justicia en la región.
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La titular de la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, destacó la necesidad de fortalecer de manera constante las herramientas y capacidades de los actores judiciales frente al reto que constituye combatir este tipo de delitos.
También, motivó a los presentes a denunciar esos delitos y destacó que su gestión ha puesto en marcha un plan estratégico, con acciones a largo, corto y mediano plazo, para eficientizar la prevención y persecución de los delitos de tráfico y trata de personas en el país.
En la ceremonia de apertura de este encuentro, que se realizó en el Palacio de Justicia de Montecristi, donde las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la jueza Arleny Miguelina Cabral Then, coordinadora del Departamento Judicial de Montecristi, quien manifestó sentirse agradecida con la iniciativa de realizar este tipo de encuentro y la asistencia masiva de los participantes.
La actividad integró a las autoridades de las provincias que componen el litoral de la zona fronteriza norte, representadas por fiscales, jueces y actores clave, además de policías, representantes del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), sociedad civil con representantes de las juntas de vecinos, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Montecristi y gobernadores civiles de las distintas provincias, bajo la coordinación general de la PETT y el Poder Judicial, representado por coordinadora del Departamento Judicial de Montecristi.
Igualmente, contó con la participación de la señora María Paredes, coordinadora de asistencia a OIM, quien presentó el programa de la actividad, los objetivos y los resultados esperados, además de agradecer a la PETT y al Poder Judicial por haber organizado oportunamente el evento.
La expositora Kenya Romero, quien es juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, resaltó las generalidades de la trata de personas, sus diferencias con el tráfico ilícito de migrantes y el Protocolo de Palermo, así como los protocolos de asistencia a víctimas.
La señora Gina Gallardo, experta en migración y trata, destacó el rol de los agentes de seguridad frente a ese delito y la importancia de la identificación de esos casos y su remisión a la autoridad competente.
Al realizar la entrega de los certificados de participación, la titular de la PETT, Yoanna Bejarán, y la magistrada Arleny Miguelina Cabral Then puntualizaron “que la trata de personas reviste muchas formas diferentes, que es dinámica y adaptable y que, al igual que otras tantas formas de actividad delictiva, cambia constantemente, a fin de burlar la labor de prevención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley”.
En marzo de este año las autoridades realizaron un encuentro de trabajo similar en la provincia Barahona, donde participaron miembros del Poder Judicial, la Policía Nacional y la Gobernación Provincial, quienes abordaron diversos temas relativos al combate efectivo de ese delito.
