Fiscal litigante Miguel Collado I Foto: MP
En el sexto día de la lectura del expediente contra los acusados de la operación Medusa, el Ministerio Público detalló cómo se llevaron a cabo los supuestos actos delictivos a través del proceso de construcción y remodelación de los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) a nivel nacional, durante la gestión del extitular de ese órgano, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
“En el día de hoy avanzamos hasta la página 718, vimos líneas como el Plan de Humanización, en el cual se ejercieron tipos penales como desfalco y soborno”, sostuvo este martes el fiscal litigante Miguel Collado al referirse a la lectura de la acusación en la audiencia preliminar que se conoce en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público agregó: “también vimos líneas que van desde el soborno de la empresa de Ricardo Pérez Mella, el cual incrimina directamente al acusado Jean Alain Rodríguez de haber recibido sobornos”, al tiempo de explicar que iniciaron la parte correspondiente al financiamiento ilícito de campaña, con el llamado “búnker”.
Sobre el “búnker criminal”, detalló que era una especie de zona franca que tenía el acusado Jean Alain Rodríguez para dar una apariencia en redes sociales en los ataques personales que recibía, y así como la institución a raíz del caso de Odebrecht. Agregó que este tenía una especie de zona franca, el cual respondía mensaje y otras actividades con relación a su figura.
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En la operación Medusa, que tiene como principal acusado al ex procurador general de la República, el órgano acusador presentó una acusación de 12,274 páginas, acompañada de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
La jornada de lectura del documento acusatorio fue reiniciado este martes por la fiscal Rosa Alba García, quien fue seguida por el fiscal Miguel Collado.
Además de García y Collado, el órgano persecutor estuvo representado por la procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y el fiscal Emmanuel Ramírez.
El magistrado Martínez aplazó la audiencia preliminar para el próximo viernes 7 de julio, a las 9:00 de la mañana.
