El Ministerio Público descartó que el "excesivo" incremento del patrimonio del imputado Porfirio Andrés Bautista García provenga de sus empresas, algo que aseguró demostrará en el juicio de fondo que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los seis procesados por recibir y distribuir sobornos de la constructora Odebrecht.
La fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que la teoría del caso y la acusación del Ministerio Público nunca estuvo más fortalecida como en este momento en que los imputados presentan al tribunal sus presuntas pruebas a descargo y sus testigos.
“Hemos visto desfilar la defensa de tres de los imputados y ningunas, ni las pruebas documentales ni testimoniales, han derrumbado la teoría del caso del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque, sencillamente, no han aportado nada”, resaltó.
De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría, los testigos del imputado Bautista García lo único que pudieron escuchar en el día de hoy es que siendo legislador y a la vez productor de cerdos, legisló para favorecerse, como parte interesada, con bajos aranceles para ese sector.
“Eso para beneficiarse él mismo y sus empresas de ese tipo de actividad, del no pago de impuestos. Eso es lo único relevante que dijeron los testigos de Andrés Bautista la tarde de hoy, ya que a preguntas del Ministerio Público todos dijeron desconocer de qué trataba el caso Odebrecht y que no tenían nada que aportar”, dijo al ser entrevistada por periodistas que cubren el proceso judicial.
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“Recuerden que aportamos todos los informes societarios de las empresas del señor Bautista y nunca hemos negado que él se dedique a la producción de cerdos; ahora, que el origen de todos sus ingresos sea en base a esa producción, eso es lo que el Ministerio Público cuestiona, eso es lo que el Ministerio Público ha probado y eso es lo que el Ministerio Público terminará comprobando para la obtención de una condena”, explicó.
En los últimos días, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocen las pruebas a descargo de los imputados por los US$92 millones de sobornos que distribuyó Odebrecht para agenciarse la adjudicación de importantes obras públicas en la República Dominicana.
Según la acusación, mientras se desempeñó como senador y presidente del Senado de la República durante las legislaturas de los años 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 y 2005-2006, el entonces congresista recibió cuantiosos sobornos de la empresa Odebrecht, a través del coacusado Ángel Rondón Rijo.