Procuraduría General de la República | Foto: Kelvin de la Cruz
El Ministerio Público del Distrito Nacional, encabezado por la procuradora fiscal titular Rosalba Ramos, conjuntamente con miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), procedió a entrevistar al empresario Pablo Cabrera, respecto a la denuncia sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido en un proceso de licitación convocado por el Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia (INAIPI), durante el actual período de cuarentena para la adquisición de kits de alimentos.
Luego de que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, apoderara del caso a la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, éstos órganos del Ministerio Público iniciaron de inmediato las investigaciones, a fin de obtener las evidencias que permitan establecer si en dicho proceso de licitación existen responsabilidades administrativas o penales para proceder con las medidas que correspondan.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que a partir de este lunes 20 de abril serán interrogados los miembros de la comisión de licitación en el marco de la investigación de este caso en el que se busca determinar la existencia o no de hechos violatorios de las leyes en el proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia.
Se recuerda que Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., días atrás realizó una denuncia pública a través de un programa televisivo, en la que indicó la grave manifestación de actos de corrupción que presuntamente estaban aconteciendo en el proceso de contratación cancelado y que realizaba el INAIPI para la adquisición de los kits de alimentos.
En ese orden, indicó que de comprobarse violaciones penales en los hechos denunciados, que de por si constituyen una violación a la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar adicionalmente a la cancelación sanciones penales.
El órgano persecutor de los delitos explicó que dichos interrogatorios forman parte de las diligencias de investigación que realizan dentro de las estrategias que articula el Ministerio Público para investigar de manera exhaustiva y a profundidad cada uno de los hechos que hayan ocurrido en torno a este caso.
El Ministerio Público reitera su compromiso de verificar la comisión de hechos penales y de confirmarlos, actuar conforme lo establecen las leyes de rigor.
