Fiscal Osvaldo Bonilla | Foto: PGR
El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, explicó que las pruebas presentadas en el caso Falcón llevaron al Ministerio Público a solicitar al tribunal el decomiso de más de 200 inmuebles, incluyendo estaciones de venta de combustibles, villas, apartamentos, empresas, así como una gran cantidad de vehículos de motor que incluyen automóviles de alta gama.
Dijo que la cantidad de dinero ocupada o inmovilizada a los integrantes de la red de lavado sobrepasa los 500 millones de pesos, al tiempo de señalar que los imputados manejaron en sus operaciones más de 10 mil millones de pesos.
Destacó que el Ministerio Público continúa trabajando en el proceso, al tiempo de considerar que los imputados deben seguir en prisión hasta que se conozca el juicio de fondo y se determine su condena, para garantizar su presencia en los actos del proceso.
“Un grillete, una presentación periódica no garantiza que un imputado de esa categoría se presente a una próxima audiencia o que cuando observe que se le va a condenar haya garantía de volver a los tribunales, yo creo que cada institución debe asumir la responsabilidad que le corresponde en el momento indicado”, expresó.
El fiscal de Santiago resaltó la fortaleza de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de lavado de activos del narcotráfico de la red delictiva desmantelada con la operación Falcón, tras destacar que tiene los méritos suficientes para lograr que todos sean condenados.
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“La acusación que hemos presentado al tribunal, es una acusación sin precedente, robusta”, dijo Osvaldo Bonilla, al destacar que el expediente aporta miles de pruebas que vinculan a cada uno de los imputados, más allá de alegatos y con imputaciones precisas de cargos sobre probados.
Indicó que en la operación Falcón participaron más de 40 fiscales y en la producción del acto conclusivo unos 20 que trabajaron día y noche para terminar la acusación junto a una gran cantidad de técnicos, profesionales y personal administrativo del Ministerio Público.
“Es una investigación muy amplia, que involucra múltiples sectores, varias regiones del país y al día de hoy estamos presentando acusación contra 31 imputados que son las físicas y 39 personas morales, que son las empresas vinculadas a los imputados, que ellos utilizaron como vehículo societario para producir los ilícitos vinculados al lavado de dinero”, dijo Bonilla.
