Procuraduría General de la República | Foto: Kelvin de la Cruz
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia acogió las conclusiones del Ministerio Público declarando de lugar la extradición a los Estados Unidos del nacional dominicano José Peralta Méndez, vinculado a un caso de drogas.
La entrega fue diferida para que cumpla en territorio dominicano la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, en fecha 15 de julio de 2021, mediante la cual fue condenado a ocho años de prisión por violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas.
El Ministerio Público destacó en un comunicado que es la primera vez que se logra una sentencia de esta naturaleza en el país.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia teniendo como fundamento jurídico el artículo 12 del Tratado Bilateral de Extradición entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América.
El criterio que había sostenido dicha alta corte era sobreseer el conocimiento de la solicitud de extradición, hasta que se culminara el proceso seguido en el país contra la persona requerida o hasta el cumplimiento de una sentencia condenatoria, por tanto, no conocía de la solicitud de extradición hasta que se cumplieran esas condiciones.
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Peralta Méndez es solicitado en extradición von la finalidad de que cumpla trece años, dos meses y doce días de prisión, que es el tiempo que le resta por cumplir de la sentencia dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de la Sala Superior de San Juan, Puerto Rico, que en fecha 21 de noviembre de 2005, lo condenó por robo con violencia agravado, secuestro agravado, porte y uso de un arma de fuego sin licencia.
El 28 de junio de 2011 se escapó de la Institución Correccional de Bayamón 1072, en Bayamón, Puerto Rico.
En cuanto a la sentencia condenatoria dictada en su contra en República Dominicana, la institución informó que Peralta Méndez se encontraba en libertad condicional, la cual le fue revocada mediante la Resolución No. 548-01-2023-SROT-00364, dictada por la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial De Santo Domingo, en fecha 29 de septiembre de 2023, por haberse demostrado el incumplimiento de las reglas establecidas; y ordenó su ingreso inmediato a un Centro de Corrección y Rehabilitación, hasta el término de su condena, de la cual le restan dos años, seis meses y dos días.
El caso estuvo a cargo de la Dirección de Cooperación Internacional y Derechos Humanos que coordina el procurador adjunto Andrés Chalas Velázquez.
