Representantes del Ministerio Público I Foto: MP
El Ministerio Público destacó este miércoles la fortaleza de la investigación que lleva a cabo por tráfico de inmigrantes en el caso Iguana y aseguró que cuenta con suficientes elementos probatorios que le permitirán obtener las medidas de coerción solicitadas contra los siete involucrados, quienes también están imputados de secuestro.
El órgano de la persecución penal solicita la imposición de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
La fiscal Belkis Ulloa, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), calificó de graves los hechos cometidos por los imputados como parte de sus actividades en la estructura criminal.
Dijo que el Ministerio Público viene realizando la investigación desde diciembre pasado, a propósito de acciones delictivas, entre las que se advierte hasta hechos de secuestro en perjuicio de nacionales cubanos.
“Se les acusa de la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos, el tráfico ilícito de migrantes, delitos asociados a la corrupción administrativa, así como también delitos de secuestro, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos que ya se han establecido en la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público ha presentado en contra de los imputados”, manifestó.
Indicó que se trata de una estructura de criminalidad organizada, dedicada a la comisión de estos actos ilícitos, de manera reiterada.
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Ulloa sostuvo que el órgano de la acusación busca contribuir a evitar que hechos como los señalados se sigan materializando de manera asidua y además romper con la tendencia de normalización del delito del tráfico ilícito de migrantes en esta jurisdicción.
Mientras ofrecía los detalles del caso, explicó que los encartados incurrieron en el acto de secuestro en perjuicio de cuatro nacionales cubanas, entre ellas, dos adultas y dos menores de edad, hechos en los que intervinieron no solo los imputados que forman parte de la Dirección General de Migración, sino también los demás integrantes de la estructura.
Respecto a las víctimas, dijo que se encuentran en República Dominicana y que están al alcance del Ministerio Público.
“Ellos, como víctimas, están al alcance de nosotros; se encuentran en el país. Son migrantes irregulares y la ley no establece sanciones en relación a ellos, sino sanciones administrativas; sin embargo, como nosotros tenemos esta investigación, necesitamos tenerlos al alcance del Ministerio Público”, dijo al responder una pregunta en torno a las implicaciones legales para las víctimas.
Precisó que la investigación todavía se encuentra en desarrollo. “Nosotros, desde diciembre, le estamos dando seguimiento a la presente investigación; sin embargo, teníamos que realizarla de manera precavida para poder llegar a este punto, tomando en cuenta que hay funcionarios involucrados, entre ellos, los que nosotros estamos presentando a la acción de la justicia”, refirió.
La PETT, bajo la dirección de la procuradora general de corte Yoanna Bejarán, puso en marcha el pasado 16 de marzo la operación Iguana, con la ejecución simultánea de nueve allanamientos practicados en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Las pesquisas llevaron al arresto de los involucrados y a la ocupación de evidencias que incluyen siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros, Fab 92.
Será el próximo miércoles 30 de marzo, a partir de las 10:00 de la mañana, cuando el juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, conozca la medida de coerción a los encartados.
La fiscal Belkis Ulloa dijo que la audiencia fue aplazada a solicitud de la defensa, que pidió más tiempo para conocer el expediente, y destacó que el Ministerio Público está listo y dispuesto para conocerla.
