El equipo de fiscales que presentó la solicitud de medida de coerción I Foto: PGR
Al concluir la presentación de la solicitud de medida de coerción del caso Falcón, el Ministerio Público reafirmó la "contundencia" de las pruebas aportadas al tribunal y pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra todos los imputados, para evitar que evadan la persecución penal en un expediente que tiene varios prófugos.
Los encartados incurrieron en delitos tipificados como asociación de malhechores, tráfico de drogas y patrocinio, así como lavado de activos provenientes del narcotráfico, en perjuicio del Estado dominicano, de acuerdo a un comunicado de la Procuraduría.
Indicó que en el caso del imputado Raúl Antonio Castro Mota, se suma el cargo de violación a la Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por habérsele encontrado al momento de su apresamiento, un arsenal que incluye armas solo utilizadas por organismos de seguridad.
“La libertad de los imputados implicaría un grave obstáculo para la investigación, ya que existen los elementos razonables que nos llevan a establecer que los encartados, una vez puestos en libertad, utilizarán los medios para obstaculizar la investigación”, adviertió el equipo de fiscales litigantes del Ministerio Público en su solicitud.
Los fiscales también enfatizaron en que la pluralidad de imputados, la incursión en el crimen organizado, las múltiples víctimas y la complejidad procesal son elementos que se suman a la justificación de la declaración de este caso como complejo.
Al concluir la audiencia de este miércoles, el fiscal Andrés Mena indicó que con la presentación de la medida de coerción y la contundencia de las pruebas que la soportan, el Ministerio Público demuestra que la operación Falcón ha dado un duro golpe al narcotráfico nacional e internacional, desmantelando una estructura criminal que movilizaba millones de recursos en dólares cada semana y toneladas de drogas a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
“Los organismos de seguridad del Estado continúan su activa persecución del cabecilla de la red a fin de arrestar a esta persona. Precisamente, uno de los hechos que relata la medida de coerción es que Erick Mosquea Polanco invertía alrededor de 2.5 millones de dólares semanales en diferentes actividades ilícitas propias del narcotráfico transnacional y del lavado de activos”, citó.
Al responder preguntas de los periodistas sobre posibles imputaciones a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la fiscal Sourelly Jáquez aclaró que en la medida de coerción constan interceptaciones telefónicas que incluyen eventos de 2018 y 2019 en la que se verifican que la red pudo sumar a sus vinculados a algunos agentes de esa institución.
Sin embargo, resaltó que el Ministerio Público pudo lograr completar la operación contra la red de lavado gracias a la participación activa de la gestión de la DNCD, que encabeza el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
Los fiscales indican en la solicitud de medida que a la red se le ocuparon más de siete millones de dólares en efectivo, en diferentes allanamientos, armas de guerra, vehículos blindados y relojes de lujo, entre otros bienes muebles e inmuebles.
