Firma de convenio I Foto: Presidencia
El Ministerio de la Presidencia y el Consejo del Poder Judicial acordaron este miércoles la regulación y titulación de los inmuebles del Estado durante el período 2021-2024.
El convenio procura dar seguimiento al compromiso asumido con el país de garantizar el derecho de propiedad y promover el acceso al mismo, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada, tal como lo establece la Constitución, según destacó una nota de la Presidencia.
El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, expresó el interés del Gobierno en garantizar a los dominicanos el derecho a la propiedad inmobiliaria titulada, por eso se están realizando las alianzas necesarias para "viabilizar el proceso de regularización de los inmuebles del Estado", y promover el trabajo en equipo con instituciones enfocadas en resolver de manera "oportuna y eficaz" la falta de titulación o registro de propiedad.
El ministro indicó que para cumplir con la regularización de los procesos de titulación es necesario ampliar la capacidad de las instituciones vinculadas al Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado.
El acuerdo estipula que el Ministerio de la Presidencia gestionará los recursos necesarios para el correcto desarrollo de los objetivos del acuerdo e incorporarlos en el proyecto general de presupuesto desde 2021 hasta 2024.
Se designará, además, un canal único destinado a la gestión del proyecto de titulación, dispondrá de un "inventario de inmuebles titulables", clasificados por situación y será prioridad en el primer trimestre del 2021.
Mientras, el Poder Judicial será responsable de habilitar las herramientas informáticas que permitan a ambas partes visualizar en tiempo real el estado de los expedientes, así como los canales de recepción, monitoreo y entrega de los productos correspondientes a la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE).
También, el Poder Judicial deberá gestionar por ante sus propios organismos la aprobación de instrumentos legales que permitan solucionar los obstáculos procedimentales que se encuentren dentro de sus competencias y proveer el apoyo legal y técnico catastral, a través de los registros inmobiliarios de la CPTTE.
