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La minera de capital canadiense San Rafael, cuyo proyecto El Escobal está suspendido desde hace 411 días por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, anunció ayer lunes que ha despedido a más de 200 personas, por lo que ya son 703 los guatemaltecos que se han visto afectados por esta decisión.
"Cada día que pasa la situación de la Minera San Rafael es más difícil de sostener. Durante este tiempo hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles mientras esperamos una decisión de la Corte de Constitucionalidad que a la fecha aún no sabemos cuando llegará. Es preocupante", explicó el vicepresidente y director general de la compañía, Dave Howe.
En una conferencia de prensa celebrada en un hotel capitalino, el directivo, que indicó que hasta el momento habían tenido una "actitud optimista", dijo que "lastimosamente" quienes más han sufrido este retraso "injustificado" han sido sus colaboradores, proveedores y comunicadores.
"Lamentablemente hoy hemos tenido que tomar la decisión de despedir nuevamente", proclamó, y añadió que durante este tiempo han cumplido con todas las obligaciones laborales de sus colaboradores a pesar del paro de operaciones, hecho que seguirán con las 320 personas que aún sigue trabajando para la empresa.
El caso de la empresa ha permanecido en la incertidumbre desde que la Justicia suspendiera las operaciones en julio de 2017 por la ausencia de una consulta obligatoria a los pueblos circundantes a la mina El Escobal, de la empresa San Rafael, subsidiaria de la firma canadiense Tahoe Resources.
En 2012, la población xinca alrededor del proyecto realizó una consulta comunitaria "libre e informada" cuyo resultado fue un 98,2 por ciento en contra de la operación del proyecto El Escobal y reclama el fin de la licencia por daños al medioambiente, la salud o las comunidades.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales establece el derecho de los pueblos de ser consultados por los Gobiernos acerca de proyectos que tengan un impacto en su comunidad.
La Corte Suprema de justicia, en este mismo caso, sí resolvió el año pasado que el Estado debía llevar a cabo la consulta y había revocado la suspensión temporal en contra de Minera San Rafael para que reiniciara sus operaciones, pero una acción en el Constitucional detuvo de forma temporal el proyecto.
