Toca Simó, ministro de MICM | Foto: MICM
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes solicitó este miércoles al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, investigar la denuncia de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) y de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), respecto a una alegada mafia en la venta de combustibles, con la supuesta connivencia de funcionarios públicos del Gobierno y específicamente de esa institución.
La petición está contenida en una instancia depositada la tarde de este miércoles en la Procuraduría General de la República, la cual suscriben el titular de la cartera, Nelson Toca Simó, y César Avilés Coste, consultor jurídico de dicha institución.
“Mediante la presente instancia y en virtud de las disposiciones legales contenidas en los artículos 29, 30, 259, 260, 262, 263, 264 y 265 del Código Procesal Penal, tienen a bien solicitar de manera formal a esa Procuraduría, dar inicio a una investigación en relación con los supuestos hechos denunciados por los señores Arnulfo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Juan Ignacio Espaillat Taveras, expresidente de Anadegas, y Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción”, resaltó el MICM.
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Toca Simó y Avilés Coste solicitan al procurador designar los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para levantar la investigación a "profundidad de los hechos denunciados".
De igual manera, ambos funcionarios piden convocar a los denunciantes Arnulfo Rivas, Juan Ignacio Espaillat Taveras y Juan Hubieres, a los fines de que aporten al Ministerio Público en el curso de la investigación, los datos, informaciones, pruebas de que dispongan sobre las denuncias realizadas.
La instancia depositada en la Procuraduría General de la República recoge que Rivas, Espaillat Taveras y Hubieres plantearon la existencia en el país de una "mafia" que vende combustibles "ilegales" producto del contrabando, señalando a los dos primeros denunciantes de forma específica, que dicha red se encontraba apoyada y auspiciada por funcionarios del Gobierno, y más específicamente del propio MICM”.
Ante dicho pronunciamiento, la semana pasada el MICM procedió a emplazar a Anadegas y sus directivos mediante acto de alguacil para que identificaran los funcionarios, personas y sectores que, de acuerdo a la denuncia, alegadamente estarían, "autorizando o tolerando deliberadamente el contrabando de combustibles y que presentarán las supuestas pruebas de la denuncia”.
El citado emplazamiento también fue publicado en espacio pagado en varios medios de circulación nacional.
“Hasta el momento, los denunciantes públicos no han depositado ante el MICM ni el ministro, ninguna de estas supuestas pruebas, ni tampoco han formalizado dichas denuncias ante las autoridades, con lo cual, se han quedado en denuncias”, señala el documento.
El MICM asevera que pone a disposición del Ministerio Público “todas las facilidades necesarias” para que pueda “efectuar una investigación exhaustiva, ofreciendo total acceso sin limitaciones de ningún tipo a los investigadores designados, a toda la documentación que sea requerida”.
