Imagen de referencia I Foto: Procuraduría
El juez mexicano Eduardo Osorio se ha convertido en una celebridad en Ciudad de México, ya que desde 2021 decidió dejar de aplicar la prisión preventiva de manera oficiosa.
Un reportaje del periódico El País describe a Osorio, de 44 años, como un «férreo defensor» de la presunción de inocencia, lo cual le ha granjeado opositores y adeptos, tanto en su gremio profesional, como en el de los derechos humanos.
Cifras apuntan a que el 40 por ciento de los presos en ese país no han recibido una sentencia condenatoria. De hecho, una parte de ellos habrían sido encarcelados bajo la medida de prisión preventiva oficiosa.
El juez considera que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos de los imputados. No obstante, es una medida ampliamente aplicada porque funciona prácticamente de manera automática, con lo cual las fiscalías pueden encerrar a los acusados sin mucho que demostrar, mientras investigan.
El reportaje explica que Osorio ha revertido la prisión preventiva oficiosa en varios casos, haciendo que el Ministerio Público sustente los peligros que representan tener a los acusados en libertad.
- Lee también: Imponen 18 meses de prisión preventiva a 16 imputados de tráfico de inmigrantes en operación Frontera
Ha llamado a sus colegas a emular la decisión de poner freno a la prisión preventiva dictada de manera oficiosa.
El Código Penal Dominicano incluye como medidas de coerción la presentación de garantía económica, presentación periódica ante el juez, impedimento de salida, arresto domiciliario, colocación de localizadores electrónicos y por último la prisión preventiva.
En República Dominicana, en varias ocasiones se han hecho críticas al Ministerio Público por de manera insistente solicitar prisión preventiva.
Un ejemplo de esto lo evidencia del abogado Eduardo Núñez, representante del exministro Donald Guerrero, quien expuso que su cliente duró dos años notificando a la Procuraduría las entradas y salidas al país, sin embargo, le fueron impuestos 16 meses en Najayo, junto a José Ramón Peralta.
En ese caso, el propio Partido de la Liberación Dominicana dijo que esa medida fue por presión mediática, ya que ninguno representaba peligro de fuga por los señalamientos en el caso Calamar.
