El abogado Yuniol Ramírez | Foto: Twitter Yuniol Ramírez
Un mayor de la Policía Nacional validó este miércoles el informe pericial mediante el cual el Ministerio Público aporta elementos probatorios contra el imputado Argenis Contreras en el asesinato de Yuniol Ramírez Ferreras y en los actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Así lo informó el Ministerio Público en un documento, en el que destacó que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 7 de julio venidero la audiencia contra los imputados.
El testigo de la Fiscalía es el mayor de la Policía Nacional Carlos Gómez, afirmó el Ministerio Público en un documento.
"Declaró uno de los testigos que participó en la redacción y confección del informe pericial donde se dejó acreditado una vez más todas las líneas de vínculos y posicionamientos de Argenis Contreras a la hora del asesinato de Yuniol Ramírez, posiciones estas que lo ubican en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo", afirmó la fiscal Mirna Ortiz.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señaló que el testimonio del mayor Gómez, también sustenta los detalles del informe relacionado con todo el recorrido posterior de Contreras "para deshacerse del cadáver", así como los contactos que tuvo con los coimputados que colaboraron en los intentos de desaparición del cuerpo del occiso.
Ortiz indicó que con la presentación del mayor Gómez, ya son 20 los testigos que ha aportado el Ministerio Público en este proceso judicial.
El juicio se sigue contra Argenis Contreras, el supuesto principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, así como de José Mercado (el Grande), Víctor Ravelo Campos (el Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez. También, contra Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa en la OMSA.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un bloque de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
El crimen registrado en octubre de 2017 está vinculado, asegura el Ministerio Público, con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte.
