Theresa May | Foto: Efe/Andy Rain
La primera ministra británica, Theresa May, estudia ceder a las peticiones de algunos diputados laboristas en materia de derechos laborales a fin de conseguir la aprobación parlamentaria a su plan del "brexit", informan este jueves los medios.
El diputado laborista John Mann, que fomenta la iniciativa sobre mayores protecciones laborales, dijo hoy al tabloide "Daily Mirror" que esta posibilidad haría "más atractivo" el plan de la primera ministra, que será sometido a la votación de los diputados el próximo día 15.
"Si tenemos la garantía" sobre los derechos de los trabajadores, entonces es "algo significativo" por parte del Gobierno conservador, según ha señalado el parlamentario.
Según el rotativo, el Gobierno conservador de May estaría dispuesto a apoyar una enmienda de los diputados laboristas sobre estos derechos a cambio de conseguir respaldos de algunos parlamentarios de la oposición a su controvertido plan del "brexit".
El texto que ha negociado la primera ministra con Bruselas empezó a ser debatido ayer en la Cámara de los Comunes y será votado en la tarde del martes 15 de enero, aunque a día de hoy todo indica que May -que gobierna en minoría- no conseguirá sacarlo adelante debido a la oposición de muchos de sus diputados conservadores.
La parlamentaria laborista Caroline Flint dijo al "Mirror" que, "dado que el Gobierno no puede depender de sus (diputados) del ala dura (partidarios de una salida de la UE sin acuerdo), tiene que tenderle la mano al Laborismo en la cámara (baja)".
Sin embargo, y en una clara demostración de las divisiones que hay entre los partidos sobre el "brexit", el portavoz laborista de Justicia, Richard Burgon, dijo hoy que hay poco entusiasmo sobre esta posible concesión del Gobierno en el liderazgo de su formación.
"En lo que respecta a lo decisivo, no confío en los conservadores sobre los derechos de los trabajadores", afirmó Burgon a la BBC.
Cuando faltan menos de tres meses para la retirada británica del bloque europeo, el Parlamento está más dividido que nunca sobre los pasos a seguir y sobre el plan negociado entre Londres y Bruselas.
El Gobierno de May sufrió ayer otro revés al ser aprobada una enmienda que obligará a la primera ministra a presentar en un plazo de tres días un plan alternativo si el acuerdo que será votado el martes próximo es rechazado por la Cámara de los Comunes.
El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, presiona al Gobierno para que convoque elecciones generales como manera de desbloquear la actual crisis sobre el "brexit".
"Si el Gobierno no puede aprobar su legislación más importante, entonces debe haber unas elecciones generales lo antes posible. Para romper el punto muerto, unos comicios suponen la única opción, y la más práctica, y también la más democrática", dirá Corbyn en un discurso hoy en Inglaterra, según adelantaron los medios.
Unas elecciones le permitirán al partido ganador "un renovado mandato para negociar un mejor acuerdo para el Reino Unido y conseguir apoyo en el Parlamento", agregará Corbyn.
La primera ministra decidió el pasado diciembre suspender en el último momento la votación sobre su plan del "brexit" porque anticipaba una derrota muy dura en la cámara baja.
En diciembre, May justificó la decisión en que buscaría más garantías de la UE al controvertido asunto de la frontera irlandesa, cuyo objetivo es que siga siendo invisible para no perjudicar el proceso de paz norirlandés.
Muchos diputados, entre ellos los norirlandeses del Partido Democrático Unionista (DUP), de los que May depende para sacar adelante la legislación, han manifestado su inquietud sobre la salvaguarda relativa a la frontera irlandesa.
Los parlamentarios, sobre todo los conservadores euroescépticos, temen que esa cláusula deje atado al Reino Unido a las estructuras de la UE en contra de su voluntad, en caso de que Londres y Bruselas tarden más años de lo esperado en sellar un acuerdo comercial y de seguridad entre ambas partes.
En principio, y siempre que el acuerdo de May sea aprobado por los Comunes, ese acuerdo debería ser negociado durante el periodo de transición, fijado en el texto entre el 29 de marzo de 2019 (fecha de la retirada) y finales de 2020.
