Elías Báez | Foto: DIDA
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó que 26,167 personas con distintos tipos de pensiones aprobadas por el Poder Ejecutivo aún no reciben estos beneficios, debido a que no han formalizado su incorporación a la nómina de pensionados del Estado, administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Hacienda. Los datos corresponden al mes de noviembre de 2025.
El director de la DIDA, Elías Báez, explicó que el listado de beneficiarios fue entregado por la DGJP a solicitud de la institución, con el propósito de identificar a quienes ya tienen una pensión aprobada, pero no han completado el proceso necesario para iniciar el cobro mensual.
Báez detalló que entre los casos pendientes se encuentran personas con pensiones solidarias, por antigüedad en el servicio y pensiones del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), todas debidamente otorgadas mediante decretos del Poder Ejecutivo, leyes del Congreso Nacional o resoluciones del IDSS validadas por la DGJP.
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La DIDA llamó a las personas que han solicitado pensión y que no han tenido respuesta de su proceso a consultar la página de web www.dida.gob.do en el siguiente enlace Listado-de-Pensiones-Pendientes-de-Formalizar-su-inclusion-a-Nomina-corte-noviembre-de-2025.pdf, o consultar en las redes sociales @didardo y vía telefónica al teléfono 809-472-1900.
El funcionario informó que en caso de aparecer en la lista las personas beneficiarias deben presentarse en las oficinas de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) con su cédula de identidad y electoral (original y copia), una fotografía 2×2.
Agregó que una vez completada la validación, la DGJP procederá con la inclusión en la nómina general de jubilados y pensionados del Estado, a fin de garantizar el pago mensual correspondiente conforme al régimen legal aplicable.
El director general de la DIDA destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso institucional con la protección social, la transparencia y la defensa de los derechos ciudadanos, garantizando que cada persona beneficiaria pueda ejercer efectivamente su derecho a recibir la pensión que le corresponde.
