Narciso Isa Conde | Foto: Kelvin de la Cruz
Al referirse a la narco-gangrena que brotó con la encerrona al coronel Ramos en el punto de drogas de Buche, el presidente Medina evadió el bulto y obvió responsabilidades de calibre y procesos de alta gravedad.
Ni son solo situaciones al margen del Gobierno, ni aquí se combate la narco-delincuencia, ni las causas fundamentales son los aviones repletos de exconvictos traídos de EE. UU.
Mi punto de partida es que no trata de algo propio de Baní. Es un mal que afecta todo el país, una situación generalizada en el Estado y más allá a todo lo ancho y largo del territorio.
La verdad es que entre Estado delincuente y narco-Estado hay solución de continuidad.
Aquí todas las variantes de corrupción están mezcladas (civil, militar, política, policial, empresarial, micro, macro, común y estatal…) al punto extremo que cuando se habla del rol de los órganos encargados de prevenir, perseguir y sancionar delitos, puede afirmarse, sin temor a fallas, que la delincuencia en el poder, como suma de mafias diversas, no puede combatir la delincuencia inserta en la sociedad, porque “delincuencia no elimina delincuencia”.
La secuencia de la descomposición de la policía nacional y organismos creados disque para combatir el tráfico y consumo de drogas ilícita, es inocultable y revela la degradación sistémica.
En 1985 la putrefacción del Departamento de Narcótico de la PN, dirigido por Decartes Pérez con participación de Daniel Ramos, bajo la jefatura del general Payano Rojas, Dante Galán, Gómez Quezada y Rodríguez Ortíz, fue aprovechado por EE.UU. y su DEA para formar la DNCD al margen del cuerpo policial.
Pero con la DNCD bajo esa tutela ha pasado algo peor que con el Departamento disuelto.
Abundan denuncias de la conversión de ese mecanismo en un multi-mega cartel bajo diferentes jefaturas, la mayoría de ellas procedentes de la Marina de Guerra (procurar el libro Confesiones Amordazadas/Poder, Crimen y Narco-tráfico en RD); mientras que la DICAN bajo control de la PN fue establecida para devolverle a esa institución una parte del negocio.
La supuesta persecución al macro y micro-tráfico de estupefacientes es una sumatoria de negocios en el que participan políticos de alta jerarquía, jefes militares, funcionarios y empresarios relacionados con fronteras terrestres y marítimas; cada quien con sus carteles preferidos y sicariatos insertos en instituciones civiles y militares.
La secuencia de escándalos tipo carteles Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Del tiempo Márquez, Nelson Lozano, operación de Paya, operaciones coronel Hilario, tráfico por Portillo, Punta Cana, Casa de Campo, aeropuertos estatales y privados… financiamientos a candidatos, control de fiscales y jueces, alicates en el Congreso, con denunciadas conexiones a alto nivel civil y militar (con fotos incluidas como testimonios), muestran la magnitud de la podredumbre. Y todo eso lo conocen, e incluso apañan, presidentes de turnos.
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