Manuel Orlando Espinosa | Foto: Amaurys Florenzán
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Manuel Orlando Espinosa, afirmó este martes que el fallo de varios planes de seguridad ciudadana implementados en el país en el pasado, ha sido por falta de seguimiento a las políticas públicas.
En ese sentido, recordó el caso del exministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, de quien dijo puso en marcha un plan serio y efectivo, pero con una política de seguridad pública que no se implementó en el siguiente año.
Sugirió al Ministerio de Interior y Policía (MIP) que aplique “en todas sus partes” la Ley 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, para el plan de seguridad ciudadana.
“El desarme es una parte aislada, no podemos ver el desarme como la política pública, ahora, nosotros tenemos una ley prácticamente nueva sobre cómo debe tratarse el porte o tenencia de armas de fuego, que es la Ley 631-16”, manifestó al ser preguntado sobre si la Fuerza del Pueblo cree o no en el desarme de la población.
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Durante una videollamada en El Gobierno de la Tarde, Espinosa explicó que la citada ley no se ha aplicado ni en un 10 %, cuando a su juicio, la misma por sí sola establece el control de las armas en sus artículos nueve y siguientes con sus diferente ordinales, que dicen que el arma y sus proyectiles tienen ser marcados por su fabricante antes de que entre al país.
“¿Qué es lo que yo pienso?, que debe el Ministerio de Interior y Policía tratar de que la Ley 631-16 sea aplicada en todas sus partes”, expresó al indicar que el registro de las pistolas se maneja de forma errónea, pues si son registradas para un país no son legales para ser portadas en otra nación.
El también abogado aseguró que con la buena implementación de la referida ley se ayuda a combatir el uso de armas de fuego, pues con ella si una persona tiene un arma que no está registrada no puede adquirir los proyectiles que necesita.
Consideró que en plan para la seguridad ciudadana se incluya inteligencia artificial y que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 no sea manejado por el Ministerio de la Presidencia sino por el Ministerio de Interior y Policía.
