Ángel Bello
Resulta altamente preocupante leer y escuchar a cada vez más dominicanos clamar a las autoridades para que procedan a ejecutar sumariamente, al margen de nuestra Constitución, a aquellos que cometen actos delincuenciales, fundamentalmente robos, atracos, homicidios y asesinatos. Para ello se apoyan en sofismas y falacias argumentativas tales como el absurdo de que "los derechos humanos son para los humanos derechos" y el que los acusados, al momento de cometer los hechos, no tomaron en cuenta los derechos de sus víctimas.
Muchos ciudadanos hacen acompañar estos argumentos con una apología insólita a los métodos empleados durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo como el mejor antídoto no solo para contrarrestar la criminalidad, sino además, contra la corrupción pública y el peculado, entre otros flagelos sociales.
La asunción de medidas propias de los regímenes totalitarios para garantizar el respeto a la ley y el orden público, son recursos que suelen plantearse los pueblos ante la amarga sensación de impotencia y frustración acumulada, y la percepción de que los instrumentos que contempla la democracia para propiciar un clima de paz han fracasado.
En este escenario, la protección de los derechos humanos, uno de los pilares donde se sostienen la democracia y la convivencia pacífica no solo a nivel interno, sino también en el marco de la coexistencia entre los pueblos y las relaciones internacionales, representan el principal blanco contra el cual apuntan sus dardos esos individuos y grupos que demandan paz a cualquier costo.
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En esta lucha que liberan los dominicanos, sobre todo los más humildes, para evitar que desaprensivos les arrebaten sus vidas y propiedades, debemos hacer un alto y recordar que un estado de derecho, en donde los ciudadanos, al tiempo que estén emplazados a cumplir con sus deberes y obligaciones, puedan exigir el respeto y la garantía a sus derechos fundamentales, no solo conviene a los que han hecho de la delincuencia una profesión, sino también a quienes regularmente exhiben un comportamiento en consonancia con la ley pero que, en cierto momento, podrían, por diferentes circunstancias, verse procesados por algún delito.
La percepción respecto a la observancia del debido proceso suele ser diferente en uno y otro caso, todo depende de la conveniencia propia.
No es un pecado favorecer la pena de muerte, pero el gran riesgo que se corre cuando actuamos partiendo de la premisa de que el fin justifica los medios es que dar carta blanca a las autoridades para que, en el combate contra la delincuencia desconozcan los derechos fundamentales (Título II de nuestra Constitución) de los presuntos delincuentes, puede descalificar a los propios ciudadanos para exigir respeto a esa misma Carta Magna y al debido proceso, y condenar otros actos igualmente inconstitucionales de los que en el futuro pudieran ser víctimas. Carecerían de autoridad moral para reclamar.
La mano dura de la ley, principal garantía del orden público, cuando se convierte en norma inquebrantable e innegociable, resulta ser la mejor estrategia para dar el merecido escarmiento a los facinerosos y así llevar paz a la familia dominicana.
No es necesario ponerse al margen de la Constitución. En la mano dura de la ley, incluido el uso legítimo pero contundente de la fuerza, están todas las respuestas que andamos buscando, todas.
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