Mark Zuckerberg y Emmanuel Macron | Foto: EFE/Yoan Valat
El presidente francés, Emmanuel Macron, y el de Facebook, Mark Zuckerberg, analizaron este viernes la manera de contener el discurso del odio en Internet, cuando Francia se dispone a endurecer su legislación sobre las redes sociales.
El objetivo francés, ya anunciado, es poder retirar el contenido denunciado en 24 horas y promover una normativa similar a nivel europeo.
Zuckerberg, que acudió al Palacio del Elíseo, desea en cambio limitar la "viralidad" más que la duración de la publicación denunciada, fomentando por ejemplo que otros usuarios no lo puedan compartir o que no sea sugerido en su muro.
Con esa idea, según fuentes del Elíseo, dijo ser partidario de que el plazo de 24 horas no aparezca en la futura legislación, cuya puesta en marcha todavía no tiene el calendario cerrado.
El presidente de Facebook también pidió a Francia la "mínima incertidumbre posible a nivel jurídico" en la deseada regulación de los contenidos, para poder adaptarse bien a los cambios aplicados en el país.
Uno y otro, según las fuentes, salieron satisfechos de su reunión, que precede a encuentros en las que también se va a abordar esta materia, como la conferencia internacional tecnológica Viva Technology de los próximos 16 y 18 de mayo en París, o la cumbre del G7 de agosto en Biarritz.
La cita coincidió con la publicación de un informe sobre responsabilidad de las redes sociales, que aboga por la creación de una autoridad administrativa independiente en cada país que vele por la transparencia en la manera de regular las publicaciones.
Es una de las principales conclusiones de un trabajo de varias semanas en el que participó Facebook, que abrió sus puertas a funcionarios franceses para explicar cómo detecta y retira el contenido indeseado.
El texto insta a reforzar la capacidad de los países europeos a actuar ante plataformas globales, pero al mismo tiempo impulsa una política pública regulatoria garante de las libertades individuales y de la libertad de emprender de ese tipo de firmas.
"La insuficiencia y la falta de credibilidad de las iniciativas de autorregulación desarrolladas por las plataformas más grandes justifican una intervención pública dirigida a responsabilizarlas", que alcance un equilibrio entre su libertad y los intereses del Estado.
