Lula da Silva /Foto: EFE/Antonio Lacerda
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que llegó a ser condenado a casi 26 años de cárcel en dos casos por corrupción y pasó 580 días tras las rejas, ya se libró de once procesos penales abiertos en su contra, pero aún enfrenta tres y otros cuatro más podrían ser abiertos.
La absolución del exmandatario o el archivamiento de los casos en once de los procesos fue destacado por los abogados de Lula, en una nota en que comentaron la decisión de este miércoles de la Corte Suprema de considerar que el exjuez Sergio Moro no actuó con la debida imparcialidad en uno de los casos en que condenó al expresidente por corrupción.
Pese a que el equipo de defensa de Lula no se refiere a los casos aún pendientes, la existencia de los otros tres procesos fue citada por el portal especializado en informaciones judiciales Consultorio Jurídico, que enumeró el total de 18 casos abiertos contra el exjefe de Estado (2003-2010) desde que concluyó su mandato.
"Poco más de un año y medio después de salir de la cárcel, restan contra el expresidente tres procesos que tramitan en la Justicia Federal, en los que ya fue imputado", afirmó Consultorio Jurídico.
Además de estos tres casos, Lula también tendrá que responder nuevamente a cuatro que fueron instruidos por Moro en el marco de la Lava Jato, mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil, cuyas decisiones fueron anuladas por un conflicto de competencias y ahora están en las manos de jueces de Brasilia.
Los magistrados que asumieron estos cuatro casos tendrán que comenzar la instrucción desde cero -ya que aún no hay ni denuncia formal de la Fiscalía- debido a que el Supremo, al considerar parcial la actuación de Moro, anuló sus decisiones.
En abril la máxima corte anuló los dos juicios en que Lula fue condenado, así como otros dos en los que no llegó a haber condena, tras reconocer que un conflicto de competencias le debería haber impedido a Moro estar a cargo de esos procesos.
Según el Supremo, esos casos en los que Lula fue juzgado no se relacionaban con las corruptelas en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de la jurisdicción de la corte de Curitiba (sur, capital de Paraná), entonces a cargo de Moro y limitada a causas relacionadas con la petrolera.
DECISIONES JUDICIALES PERMITEN A LULA DISPUTAR LA PRESIDENCIA
La sentencia que anuló las condenas contra Lula también restituyó al exmandatario todos sus derechos políticos, con lo que ahora está en plenas condiciones de presentarse como candidato a la Presidencia en las elecciones que se celebrarán en octubre del año próximo.
Lula, que lidera con ventaja las encuestas de intención de voto, no ha confirmado totalmente que aspire volver al poder, pero sí ha dicho que lo hará "si fuera necesario" para desalojar al presidente Jair Bolsonaro, quien aspirará a la reelección en 2022.
Según los abogados de Lula, la decisión de este miércoles de la Corte Suprema "restablece la inocencia del expresidente ante las acusaciones y sentencias ilegales de las que fue víctima en la llamada Operación Lava Jato" y deja claro que Moro nunca tuvo competencia para juzgarlo y que actuó "de forma parcial, con motivaciones políticas, al condenarlo".
"La anulación de los cuatro procesos de Curitiba se suma a otras once decisiones judiciales en las que Lula fue plenamente absuelto o tuvo procesos archivados ante la inconsistencia de las denuncias", agrega la nota de la defensa.
Según sus abogados, pese a que las decisiones confirman la inocencia del expresidente, "nada puede reparar los 580 días de prisión ilegal, las violencias y el sufrimiento infligidos a Lula y a su familia a lo largo de estos cinco años".
"Todo eso confirma que Lula fue blanco de lawfare, que consiste en el uso estratégico de las leyes para fines ilegítimos", concluye.
Esta semana, a petición de la propia Fiscalía, un juez de Brasilia absolvió a Lula en un proceso en el que era acusado de haber ofrecido beneficios fiscales a fabricantes de vehículos a cambio de sobornos.
En uno de los tres procesos pendientes ya con denuncia formal, Lula es acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación para delinquir por supuestamente haber promovido negociaciones ilegales para la adquisición de 36 aviones militares.
En otro de estos procesos, igualmente ante el décimo juzgado federal de Brasilia, Lula es acusado de haber ofrecido ventajas a Angola en la concesión de un crédito del banco nacional de fomento al desarrollo (BNDES).
El tercer caso, en el juzgado segundo federal de Sao Paulo, el expresidente es acusado de lavado de dinero por una supuesta donación ilegal que el Instituto Lula recibió luego de que el expresidente interviniera por una constructora brasileña ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial.
