Columna de Julio Santana
Viviendo en un mundo convulso, cada día más impredecible, solemos perder de vista la anarquía y la falta de autoridad que imperan en la vida nacional. Entre asesinatos, desafíos abiertos a la autoridad, atracos, procesos judiciales interminables, corrupción de escala, hacinamientos carcelarios, criminalidad penitenciaria y proliferación de puntos de drogas conocidos por las autoridades, lo que sucede en nuestras calles y avenidas parece propio de una sociedad donde el ordenamiento jurídico existe más en el papel que en la realidad.
El caso de los llamados motoristas constituye una de las expresiones más visibles de esa fractura. No se trata de condenar sin miramientos a quienes utilizan una motocicleta como instrumento de trabajo, movilidad o supervivencia económica. Resulta evidente que su expansión se explica por un transporte público deficiente, bajos ingresos y crecimiento urbano caótico. Para miles de familias dominicanas, la motocicleta es y sido una solución práctica y accesible.
Pero esa necesidad legítima hoy parece ser una licencia social para desconocer la ley. Se ocupan aceras, se cruzan semáforos en rojo en las propias narices de agentes de la DIGESETT, se circula en vía contraria, incluso en el elevado de la 27 de Febrero, se transportan niños, se llevan tres y cuatro pasajeros, se conduce con temeridad y sin casco o se utiliza esa protección para perpetrar atracos, y se transita sin placa visible, seguro ni luces.
¿Carecemos de normas para enfrentar este problema? La Ley 63-17 exige casco homologado, placas visibles, luces, seguro vigente, límites de pasajeros y sanciones para la conducción temeraria, el consumo de alcohol y las maniobras peligrosas. Algunas ordenanzas municipales refuerzan las restricciones aplicables a este medio de transporte. ¿Se trata, entonces, de ausencia de reglas o de la distancia escandalosa entre la norma escrita y la vida real? ¿Estamos ante impotencia institucional, complicidad tácita de las autoridades o una inclinación perversa a dejar hacer hasta que ocurra lo impensable?
El hecho es que esa impotencia institucional, esa complicidad y esa inclinación a dejar hacer terminan matando, causando traumas o provocando costosos daños a la propiedad privada. Los motoristas no solo se ponen en riesgo a sí mismos. También obligan a frenar de golpe a conductores responsables, desplazan a peatones que ya no encuentran refugio ni siquiera en las aceras, amenazan a niños y escolares, al envejeciente que camina con lentitud y a mujeres embarazadas. ¿Expresión pintoresca de nuestra informalidad caribeña? ¿Travesuras menores de jóvenes sin educación vial? No. Se trata de una modalidad cotidiana de violencia social.
El país registra más de 3.5 millones de motocicletas, cerca del 57 % del parque vehicular, y se estima que una cantidad considerable circula fuera de los registros formales. Entonces, ¿por qué habría de sorprendernos el desorden, si una porción tan amplia de la movilidad nacional opera bajo reglas débiles, controles intermitentes y despreciable tolerancia institucional y social?
Sería injusto cargar todo el peso sobre el motorista individual. La responsabilidad principal recae sobre el Estado, que permite y estimula que la informalidad y el relajamiento de la ley se conviertan en sistema. Durante años se ha tolerado una cultura vial sin consecuencias. Los operativos, retenciones, decomisos y multas no resuelven nada cuando la ley aparece por momentos y desaparece cuando más se necesita. Esa intermitencia perversa destruye autoridad, porque una norma que solo se aplica a ratos no educa; acostumbra al ciudadano a calcular cuándo violarla.
¿Recurrimos entonces a la represión? No. Nuestro Tribunal Constitucional recuerda que las infracciones de tránsito deben sancionarse respetando el debido proceso, sin decomisos automáticos ni arbitrariedades. Pero respetar derechos parece significar, demasiadas veces, renunciar al orden y dejar de aplicar la ley con firmeza, proporcionalidad, continuidad y transparencia. No se trata de recurrir al abuso, sino de ser constantes para que la autoridad no termine diluida en grotesca caricatura.
La nación demanda registro real de motocicletas, verificación de placas, seguros y licencias, educación vial obligatoria, control efectivo del casco, prohibición rigurosa de circular por aceras y en vía contraria, fiscalización municipal coordinada, regulación seria del motoconcho y de las plataformas de entrega, y sanciones que se apliquen, no solo que se anuncien. Hace falta devolver la calle al ciudadano, al peatón, al conductor responsable y al orden público.
No estamos ante un asunto menor. La calle es una escuela diaria de ciudadanía porque en ella aprendemos si la ley vale o no vale, si la autoridad existe o solo posa para comunicados, si el espacio común pertenece a todos o al más desafiante de la ley. El país debe decidir si seguirá mirando esta anarquía como parte del paisaje o si entenderá que ninguna nación puede hablar seriamente de desarrollo mientras sus calles funcionan bajo la lógica del sálvese quien pueda. Cuando el semáforo no ordena, la acera no protege y la autoridad no corrige, no mandan las instituciones: los motoristas están al mando.
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