Miembros de los cuerpos antidisturbios reciben el lanzamiento de cócteles mólotov /EFE | Foto: Sebastián Silva.
En el jardín infantil Tripai Antu, ubicado en la comuna de Peñalolén, al este de Santiago de Chile, se respira un aire muy distinto al de hace dos semanas, antes de vivir frente a sus muros los duros enfrentamientos entre Policía y manifestantes que dejaron, según los vecinos, más de 516 heridos.
En la colorida y alegre entrada del centro, ahora se distinguen dos botellas de agua con bicarbonato -para paliar los efectos del gas lacrimógeno-, y en el aula principal no hay niños y niñas jugando, sino un grupo de padres y educadores en un taller sobre cómo acompañar a las criaturas durante la crisis social.
Después de un mes de movilizaciones en el país, que se han saldado con al menos 23 muertos y más de 2.500 heridos, los vecinos de la humilde población de Lo Hermida, la más afectada de la comuna, denuncian que los Carabineros (un cuerpo policial chileno) "vulneraron repetidamente los derechos humanos" al reprimir las protestas entre los pasados 11 y 15 de noviembre.
"Hay muchos niños y personas mayores en estado de shock por la brutalidad de la represión policial. Lanzaron gases desde helicópteros y hay viviendas con agujeros en el techo por culpa de bombas lacrimógenas", dijo a Efe Millaray Castillo, vocera de la Asamblea Territorial de Lo Hermida.
El origen de la represión
El pasado 11 de noviembre, decenas de vecinos ocuparon la viña Cousiño Macul, propiedad privada que ocupa un gran terreno en la comuna, para pedir la construcción de más viviendas, una demanda histórica de la población.
Sin embargo, la respuesta de los uniformados durante los días siguientes fue "totalmente desproporcionada" según los pobladores, que vieron como su barrio era tomado por el gas lacrimógeno, perdigones, allanamientos y detenciones.
"Lo Hermida siempre ha sido una población muy organizada y combativa, desde los tiempos de la dictadura" de Augusto Pinochet (1973-1990), señaló Castillo, quien aseguró que la represión policial tuvo un "componente clasista" porque "atacaron directamente a colegios y hogares con mayor violencia", incluso días después de que la viña fuera desalojada.
"Maestra, ¿estamos en guerra?"
Recorriendo el jardín infantil Tripai Antu, su directora, Doris Guerra, rememoró conmocionada unos hechos que marcaron un antes y un después en la población: "Era insostenible respirar sin mascarilla, caía mucho polvo y entraba gas por todos los lados".
"¿Cómo le explicas a un bebé de siete meses que le pica todo el cuerpo por culpa de un gas químico? Nadie estaba preparado para eso", explicó a Efe la profesora.
Aun así, Guerra aseguró que sintieron "la obligación" de abrir el centro porque en muchos casos "era un lugar más seguro para las criaturas que sus propias viviendas" y para "resguardar su derecho a la educación, que fue vulnerado de forma injustificada por la Policía".
"Sentir la inseguridad en nuestro colegio que en cualquier momento nos podía caer algo mayor del cielo es algo que no debe volver a ocurrir", sentenció la profesora.
Una semana después, las educadoras del colegio observan que sus párvulos actúan de forma distinta: "Algunos piensan que se van a morir y nos preguntan si estamos en guerra. Es comprensible, ya que vieron escenas de brutalidad extrema en las calles".
Reacciones judiciales
Durante su misión en Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió el pasado miércoles con asambleas de vecinos para constatar de primera mano las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
El mismo día, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, afirmó en declaraciones a varios medios que "ha habido violaciones a los derechos humanos" en el país durante el estallido social.
El estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también se personó en Lo Hermida tras los acontecimientos y anunció que presentaría 20 querellas por violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales afectan a "grupos de especial protección como niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas o personas adultas mayores".
Los vecinos denuncian excesos policiales
Por su parte, las asociaciones de vecinos informaron que están preparando denuncias por varios casos, entre los que habría el de una vecina cuya casa se incendió presuntamente tras un lanzamiento de bomba lacrimógena, que fue socorrido por los propios pobladores.
La agencia Efe se puso en contacto con el cuerpo de Carabineros para recoger su versión de los hechos, pero aseguraron que "no será posible" realizar una entrevista por el momento sobre los hechos ocurridos en Lo Hermida.
