Ángel Bello
Cada 10 de diciembre se conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Se trata del principal instrumento en materia de estas prerrogativas que no discrimina nacionalidad, sexo, raza, credo político o religioso ni ninguna otra condición.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el resultado de las convulsiones sociales y los conflictos armados a través de toda la historia de la humanidad y que tuvieron su punto álgido en la Segunda Guerra Mundial, a la cual se puso fin en 1944. Un año después, en 1945, surge la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual no tardó en advertir la interdependencia entre la paz y los derechos humanos. Es así como en 1946 ya el tema comenzó a formar parte de su agenda y sus prioridades.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido adoptada por casi todos los países a nivel planetario y ha servido de inspiración y guía para los demás documentos de protección y garantía de las libertades, expresadas en un sinnúmero de pactos, convenios, protocolos y tratados, los cuales, dada la necesidad de desarrollar documentos más vinculantes para los Estados, comenzaron a suscribirse en 1966 con el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Son muchos los retos que aún enfrentamos en materia de garantías a los derechos humanos por parte de los Estados, los cuales son los principales responsables de permitirlos, realizarlos y protegerlos, sustentando el ejercicio de todos los poderes públicos en el respeto a la dignidad humana. Entre estos retos, podemos citar la promoción de la igualdad ante la ley, del medio ambiente y el combate a la corrupción.
De acuerdo con Latinobarómetro, entidad sin fines de lucro con sede en Chile, la democracia ha venido perdiendo apoyo en la región durante las últimas décadas. Un estudio realizado en 2020 revela que tan solo el 49 % de los encuestados respaldan este sistema considerado la plataforma para el ejercicio de las libertades públicas.
Aunque, de acuerdo con la encuesta, tan solo menos del 10 % en la región favorece alternativas de gobiernos autoritarios, el mismo establece que cada vez más jóvenes muestran simpatías por este tipo de regímenes, lo cual nos debe llamar la atención. En ese orden de ideas, es imperativo no solo destacar los riesgos que presentan las autocracias y los absolutismos, sino también tener una mirada autocrítica y cuestionarnos en qué hemos y aún estamos fallando, cuáles son los puntos vulnerables que vienen dando al traste con la democracia y que la van haciendo objeto de cuestionamientos en términos de su eficacia para garantizar la paz y el desarrollo humano.
La autocrítica sobre los desaciertos de la democracia deberá tener como telón de fondo nuestra disposición de abandonar aquel maniqueísmo tan socorrido y que pretende dividir a la humanidad entre los “buenos” y los “malos”. Esta actitud etnocéntrica, una amenaza que viene pendiendo sobre los mejores esfuerzos para lograr la convivencia pacífica desde aquel 1948, coloca etiquetas, excluye y descalifica partiendo de la escala de valores propia de los grupos dominantes de turno. Para bien o para mal, el mundo es de todos, no solo de los “buenos”.
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