Néstor Saldívar | Foto: Z Digital
En el debate migratorio de Estados Unidos, la deportación masiva ha sido presentada como una solución a la presencia de aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados. Aunque la propuesta puede sonar directa y sencilla, los costos asociados a una deportación masiva revelan un panorama mucho más complejo y costoso de lo que muchos anticipan.
Deportar a cada persona indocumentada en Estados Unidos tiene un costo estimado de entre $10,000 y $12,000 por individuo. Esto incluye el proceso de detención, transporte y procedimientos legales. Si tomamos en cuenta los 11 a 12 millones de personas indocumentadas, el costo total de una deportación masiva estaría entre $110,000 millones y $144,000 millones. Para poner esto en perspectiva, esa es una suma mayor al presupuesto anual de muchas agencias federales.
Pero ese no es el final de la historia. Existen costos indirectos que podrían ser aún más devastadores para la economía. Estados Unidos es un país que, aunque se enorgullece de ser autosuficiente, tiene sectores económicos que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. La agricultura, la construcción, el servicio doméstico y la hospitalidad son solo algunos de los sectores donde los inmigrantes desempeñan un papel crucial.
¿Qué ocurre cuando de la noche a la mañana estos trabajadores desaparecen?
Estudios han mostrado que deportar a millones de trabajadores indocumentados podría reducir el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos en un 5.7% y causar pérdidas económicas de hasta $1.6 billones a lo largo de una década. Esto no solo afectaría a los trabajadores, sino a empresas y consumidores por igual. Los aumentos salariales inevitables en sectores dependientes de la mano de obra inmigrante provocarían un encarecimiento de los productos y servicios, influyendo directamente en la vida cotidiana de todos los estadounidenses.
La pérdida de esa fuerza laboral también llevaría a una disminución en la producción agrícola, afectando la oferta de alimentos y probablemente disparando los precios de productos básicos como frutas, vegetales y lácteos. Además, el sector de la construcción, crucial para el desarrollo económico, vería retrasos en proyectos y aumentos de costos significativos.
Más allá de lo económico, una deportación masiva tendría consecuencias sociales profundas. En un país que ya enfrenta divisiones en temas raciales y de inmigración, la expulsión de millones de personas indocumentadas, muchas de las cuales han construido sus vidas en Estados Unidos, separaría familias y destruiría comunidades. Aproximadamente 5 millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen al menos un padre indocumentado. ¿Qué pasará con estos niños? ¿Cómo afectará su desarrollo emocional y social el hecho de perder a sus padres por una deportación masiva?
Además, la infraestructura judicial y de inmigración en EE. UU. no está diseñada para manejar una deportación de esta magnitud. Los retrasos en las cortes de inmigración, que ya están saturadas, empeorarían, generando detenciones prolongadas que incrementarían los costos y alargarían los procesos.
¿Es viable una solución diferente?
Ante esta realidad, es razonable preguntarse si hay alternativas más viables y menos costosas. Una reforma migratoria integral que incluya un camino hacia la legalización para aquellos inmigrantes que han contribuido a la sociedad y no tienen antecedentes criminales graves podría ser una solución mucho más beneficiosa para la economía y la cohesión social de Estados Unidos. Además de ser una opción humanitaria, permitiría a esos inmigrantes integrarse formalmente en la economía, pagar impuestos y contribuir al desarrollo del país sin los costos exorbitantes de una deportación masiva.
Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes. Si bien es legítimo y necesario proteger las fronteras y hacer cumplir las leyes, es esencial que las políticas migratorias reflejen los valores de equidad, justicia y humanidad que han sido pilares de esta nación.
Una deportación masiva puede parecer una solución rápida, pero sus costos económicos, sociales y humanos son demasiado altos para ignorarlos. Antes de embarcarnos en tal empresa, debemos considerar no solo el precio inmediato, sino las consecuencias a largo plazo para la economía, las familias y la identidad misma de Estados Unidos. Las alternativas existen y, si se implementan de manera estratégica y compasiva, pueden traer beneficios que superen con creces los de una deportación masiva.
El Lic. Néstor Saldívar posee una maestría en Ciencias de la Educación, con enfoque en Planificación Educativa. Es abogado y comunicador, antiguo director asociado de comunicación de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para la región del Caribe. Obtuvo la visa EB-2 con la exención por interés nacional en base a sus propios méritos en tan solo 45 días. Por su experiencia y con deseo de ayudar a otros a lograr lo mismo, crea contenido educativo desde su plataforma ResidenciateconS y otros medios.
