Andrés López Obrador | Foto: Presidencia de México
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió ayer viernes a la Cámara de Diputados una iniciativa, con proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la vigente Ley de Hidrocarburos.
La iniciativa tiene como eje central devolver a la estatal Petróleos Mexicanos el control de precios y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.
Al igual que la suspendida Ley de la Industria Eléctrica que da prioridad la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los privados, la iniciativa para reformar Ley de Hidrocarburos señala que la participación del sector privado pone en riesgo la seguridad y economía del país.
La reforma, promovida por López Obrador, abarca los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y busca tumbar la reforma estructural impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que promovió en 2014.
"Es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca de desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado", se indicó en la exposición de motivos del documento enviado a la Cámara de Diputados.
Además, se señala que en el sector energético del país "ha imperado la corrupción, el robo de combustible y el desabasto de gasolinas".
Ante ello, la iniciativa busca desincentivar y castigar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector con el objetivo de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
También propone reformar el régimen de sanciones para que se imponga la revocación de permisos de operación a los sujetos que reincidan en conductas contrarias a la Ley, como en el caso del robo de hidrocarburos y expendedores que adquieran combustible robado.
Según el documento, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender temporalmente los permisos expedidos "cuando se prevea un peligro inminente a la seguridad nacional, a la seguridad energética o para la economía nacional".
La carta, firmada por el presidente mexicano, fue enviada este viernes a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, y se prevé que el 7 de abril se le dé entrada y ese mismo día o el siguiente inicie su discusión en comisiones.
El 18 de marzo, en el marco del aniversario 83 de la expropiación petrolera, la estatal Petróleos Mexicanos prometió producir 2 millones de barriles de diarios a finales de 2021, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ese será el límite para que el país refine y consuma toda la producción nacional, sin exportaciones.
El anuncio de López Obrador se dio en su natal estado de Tabasco, sureste de México, donde recargó su discurso por una "soberanía energética" y su apuesta por los combustibles fósiles.
"He reafirmado en los hechos el compromiso que adquirí de frenar la privatización del sector energético. Repito lo que he venido diciendo a lo largo de muchos años: el único dueño del petróleo es el pueblo de México", sostuvo aquel día el mandatario.
López Obrador ha prometido "rescatar" a Pemex, pero la petrolera más endeudada del mundo sufrió en 2020 la "peor crisis de su historia" con una pérdida neta de 21.417 millones de dólares, un 38,2 % más que el resultado también negativo de 2019.
