Ángel Lockward | Foto: Nicolás de la Cruz
En palabras del jurista Ángel Lockward, no hay posibilidades de que el caso derivado de un supuesto informe en el que se vincula al exministro de Hacienda Donald Guerrero y a más de 200 personas por presunta expropiación de terreno y entramado de corrupción pueda prospere judicialmente como está actualmente.
“Como está, cero. Si se corrigen las anomalías y se emite un informe correcto, puede ser incluso que las posibilidades del Pepca para obtener condena o para hacer negociaciones que la Constitución permite, mejoren”, respondió ante la pregunta de cuáles posibilidades le ve al caso.
A través de la línea telefónica en El Gobierno de la Mañana, Lockward criticó que se pusiera a circular el pasado fin de semana el informe, con lo cual se hizo mucho daño. Añadió que se podrá hacer “mucha bulla” con ese caso basándose en el informe, pero no prosperará judicialmente.
El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, confirmó el pasado lunes que se investiga al exministro de Hacienda Donald Guerrero por un presunto entramado de corrupción que desfalcó millones de pesos al Estado.
De acuerdo con lo que se señala, Lockward y sus asociados recibieron más de RD$74 millones, monto que en otras ocasiones ha dicho que son pagos por su labor realizada como abogado.
“No existe un informe, existe un documento de trabajo, un documento de trabajo que los auditores declararon al tribunal por escrito que es de mero trámite”, resaltó.
“El documento que se ha estado discutiendo, que en el fondo no contiene casi ninguna verdad, está afectado de nulidad procesal constitucional”.
A su juicio, un informe de auditoría es un trabajo que se presenta al contralor, quien está obligado a llamar a los incumbentes, en el cargo o no, así como a los afectados.
“Ni siquiera fabricándolo van a encontrar una notificación de ese borrador a ninguna de las personas que aparecen vinculadas. Eso solo hace que el informe, si existiera, fuera nulo”, añadió.
El también exfuncionario fue enfático al señalar que no existe informe, que es el acto administrativo conforme a la ley que permite que se convierta en una prueba.
“El informe está hecho o por ignorantes o por gente de mala fe”, significó
“El informe procura subvertir el orden jurídico en que descansa la propiedad inmobiliaria que es un orden jurídico reglado y con punicidad”, sentenció.
