Néstor Saldívar | Foto: Fuente externa
Por Néstor J. Saldívar
La inmigración en Estados Unidos está atravesando uno de esos momentos en los que conviene detenerse, mirar el panorama completo y no quedarse solo con el titular alarmante. En los últimos días, el U.S. Department of State anunció la suspensión de la emisión de visas de inmigrante por vía consular para nacionales de 75 países. La noticia es fuerte, genera incertidumbre y afecta a miles de personas alrededor del mundo. Pero como suele ocurrir en inmigración, la historia no se entiende bien si solo miramos una pieza del rompecabezas.
Lo primero que hay que aclarar es que esta suspensión no significa que Estados Unidos haya cerrado sus puertas a la inmigración legal. Tampoco implica que se hayan cancelado visas ya otorgadas ni que todo proceso migratorio esté paralizado. Se trata de una pausa consular selectiva, enfocada en países que hoy son considerados de mayor riesgo bajo criterios de seguridad nacional y de posible carga pública. Y aquí aparece el segundo gran tema que domina la conversación migratoria en este segundo mandato del presidente Donald Trump: la carga pública.
Durante años, el concepto de carga pública ha sido mal entendido. No es un juicio moral contra el inmigrante ni una descalificación personal. Es un criterio legal que busca responder una pregunta muy concreta: ¿es probable que esta persona, si obtiene la residencia permanente, termine dependiendo principalmente del gobierno para subsistir? En el contexto actual, Estados Unidos está reforzando este análisis porque enfrenta presión sobre sus sistemas públicos, un debate interno intenso sobre inmigración y una necesidad política clara de demostrar control, orden y autosuficiencia dentro del sistema migratorio.
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Lo que está ocurriendo, en esencia, es un endurecimiento del estándar, no una eliminación de oportunidades. Los oficiales consulares y de inmigración están siendo instruidos a aplicar con mayor rigor los factores de autosuficiencia: ingresos, patrocinio económico, educación, habilidades, salud y capacidad real de integración. Esto afecta especialmente a los procesos familiares y humanitarios, donde la dependencia económica puede ser más difícil de justificar si el expediente no está bien preparado.
Ahora bien, aquí es donde entra una tercera pieza que muchos pasan por alto: las visas basadas en empleo. Mientras la atención pública se concentra en la suspensión a 75 países y en el discurso de la carga pública, los datos oficiales muestran que Estados Unidos sigue aprobando decenas de miles de residencias permanentes cada año en las categorías EB-1, EB-2 y EB-3. Estas no son visas marginales; son el eje central de la inmigración económica del país.
Las cifras más recientes del propio Departamento de Estado reflejan que, en un solo año fiscal, se otorgaron más de 130 mil residencias permanentes basadas en empleo. Y aquí hay un dato clave para nuestra región: República Dominicana no está incluida en la lista de países suspendidos. Eso no es casual. Es una señal de que el país es visto como un socio estable, con cooperación institucional y sin representar un riesgo significativo ni en términos de seguridad ni de carga pública.
Esto cambia completamente el análisis para el dominicano que esté evaluando su futuro migratorio. Mientras nacionales de países como Colombia, Brasil, Venezuela, Cuba, Haití o Uruguay enfrentan pausas consulares que frenan sus procesos, el dominicano sí puede avanzar, siempre que cumpla los requisitos y se prepare de manera seria. Y aquí es donde las visas EB-1, EB-2 por Interés Nacional y EB-3 cobran un valor estratégico enorme.
La EB-1, para personas con habilidades extraordinarias, no es exclusiva de celebridades mundiales. Profesionales, académicos, técnicos, artistas y emprendedores pueden calificar si demuestran logros, liderazgo, reconocimiento o contribuciones relevantes en su campo. La EB-2 por Interés Nacional se ha convertido en una de las herramientas más poderosas del sistema, porque permite obtener la residencia sin empleador, sin oferta laboral y sin certificación laboral, siempre que el proyecto propuesto beneficie a Estados Unidos. Y la EB-3, aunque más tradicional, sigue siendo una vía válida para quienes logran un patrocinador en el país.
Estados Unidos no está cerrando la inmigración; la está reordenando. Está enviando una señal inequívoca de que priorizará inmigrantes que aporten, que se sostengan por sí mismos y que entren por vías legales y estructuradas. En ese escenario, improvisar es un error, pero prepararse es una ventaja.
Hoy, más que nunca, migrar a Estados Unidos requiere información, estrategia y visión de largo plazo. La suspensión a 75 países, el énfasis en la carga pública y el peso creciente de las visas basadas en empleo no son hechos aislados. Son partes de una misma realidad que procura un sistema más exigente, pero todavía abierto para quien entiende las reglas y actúa con inteligencia. Esa es la conversación que debemos tener, sin miedo, pero con claridad.
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