Néstor Saldívar | Foto: Fuente externa
Por Néstor Saldívar
En un momento de enorme tensión y polarización política sobre la inmigración en Estados Unidos, surge una propuesta legislativa que busca equilibrar el cumplimiento de la ley con el reconocimiento del aporte migrante. Se trata de una iniciativa que, sin modificar los pilares estructurales del sistema migratorio, podría regularizar el estatus de millones de personas que hoy viven y trabajan en el país sin autorización, pero con arraigo, deberes cumplidos y contribución constante.
La propuesta, coliderada por la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, y la legisladora demócrata Verónica Escobar, de Texas, ha sido presentada con el respaldo de un grupo bipartidista de veinte congresistas, diez demócratas y diez republicanos, lo que le otorga un carácter poco habitual en el actual clima político. Esta amplia coalición impulsa lo que formalmente se conoce como Ley Dignidad 2025 (Dignity Act 2025).
La propuesta establece un “Programa de Dignidad” con una duración de siete años, mediante el cual las personas indocumentadas que hayan vivido en Estados Unidos por al menos cinco años, sin antecedentes penales graves, podrían obtener un estatus legal renovable. A cambio, deberán cumplir una serie de requisitos estrictos: pagar $1,000 anuales durante siete años (totalizando $7,000), además de aportar el 1% de sus ingresos anuales durante ese período. También deberán aprender inglés, pagar impuestos y no recibir beneficios públicos. Este estatus legal permitiría trabajar y vivir en el país con protección frente a la deportación, pero sin acceso a la ciudadanía automática.
Para quienes deseen optar eventualmente por la ciudadanía, se establece un segundo programa, llamado “Programa de Redención”, con duración de cinco años adicionales. Este requiere un pago de $5,000, la realización de 200 horas de servicio comunitario y la aprobación de una evaluación de inglés y civismo. La ciudadanía solo se concedería a quienes completen ambos programas y se ubiquen al final de la fila de espera del proceso de naturalización, sin desplazar a otros solicitantes del extranjero.
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Los perfiles que podrían beneficiarse de esta ley son diversos y numerosos. En primer lugar, estarían elegibles millones de personas que hoy viven indocumentadas en Estados Unidos y que han cumplido años de residencia, han trabajado, han creado familia y no tienen antecedentes delictivos. También serían incluidos los jóvenes amparados bajo el programa DACA, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), los trabajadores agrícolas sin papeles y los solicitantes de asilo con casos pendientes. Asimismo, se favorecería a profesionales calificados, especialmente aquellos con doctorados en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas o profesiones de la salud obtenidos en universidades estadounidenses, quienes serían reconocidos como personas con habilidades extraordinarias para fines de visado.
El impacto que tendría esta ley en la economía estadounidense es considerable. Si se estima, de forma conservadora, que cinco millones de personas participan en el Programa de Dignidad, el gobierno podría recaudar aproximadamente $7,000 por persona en pagos fijos, lo que equivale a $35 mil millones. A esto se sumaría el 1% de sus ingresos anuales, que suponiendo un ingreso promedio de $25,000 por año, representa $250 anuales, o $1,750 en siete años. Multiplicado por cinco millones de participantes, ese segundo componente representaría $8.75 mil millones adicionales. En total, el programa podría generar más de $43 mil millones en recursos.
Si la mitad de estos participantes (2.5 millones) decide ingresar posteriormente al Programa de Redención, el pago único de $5,000 por persona añadiría $12.5 mil millones más a los fondos disponibles. En conjunto, el sistema propuesto permitiría a Estados Unidos recaudar más de $56 mil millones sin crear nuevos impuestos, utilizando el aporte directo de los propios inmigrantes para invertir en infraestructura migratoria, programas de capacitación laboral para ciudadanos estadounidenses y amortización de deuda pública.
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Para los inmigrantes, el beneficio principal es la salida del limbo. Poder trabajar legalmente, pagar impuestos con seguridad jurídica, obtener una licencia de conducir o un número de seguro social, y proteger a sus familias de la deportación, representa una transformación vital. Además, se les ofrece un camino claro, aunque exigente, hacia la ciudadanía, con normas objetivas, tiempo definido y sin dependencia de decisiones administrativas volátiles.
La ley también impacta de manera directa otros aspectos críticos del sistema migratorio. En materia de asilo, propone acelerar el procesamiento de solicitudes, con decisiones en un plazo de 60 días y creación de centros regionales. Para los beneficiarios de DACA y TPS, establece un camino legislativo hacia la regularización permanente, alejándolos del vaivén judicial o de cambios de política cada vez que cambia la administración. En el ámbito laboral, amplía la disponibilidad de visas basadas en empleo y prioriza a personas con formación avanzada o altamente demandada. Incluso quienes hoy tienen parole humanitario podrían beneficiarse si cumplen con los requisitos de residencia y elegibilidad.
Uno de los puntos más polémicos, pero también más estructurantes, es la implementación obligatoria a nivel nacional del sistema E-Verify. Esta plataforma electrónica de verificación del estatus migratorio de trabajadores pasaría a ser de uso obligatorio para todos los empleadores del país. Las sanciones por no utilizar E-Verify correctamente incluyen multas de hasta $25,000 por infracción, así como la posibilidad de que el empleador reincidente sea excluido de contratos federales. Esta medida busca generar un entorno laboral legal, transparente y supervisado, y representa un cambio profundo en la relación entre inmigración y empleo formal.
A pesar de su alcance, es importante subrayar que esta propuesta no constituye una reforma migratoria integral. No aborda la modernización del sistema consular, ni reforma el sistema de cuotas por país, ni enfrenta la necesidad de actualizar las rutas legales para emigrar desde el extranjero. Tampoco redefine la relación entre Estados Unidos y los países emisores de migración. En ese sentido, la ley enfoca sus soluciones únicamente en los inmigrantes ya presentes dentro del país.
Sin embargo, eso no le resta valor. En un momento en que se discuten masivamente medidas de expulsión, deportación acelerada y restricciones de ingreso, esta ley ofrece una alternativa concreta y estructurada para millones de personas que hoy viven en la sombra. Reconoce que la economía estadounidense necesita del trabajo de estos inmigrantes, y que expulsarlos o mantenerlos sin derechos es contraproducente para el desarrollo, la seguridad y la equidad.
La inmigración ha sido siempre parte de la identidad estadounidense. Pero lo que define a una nación no es solo a quién recibe, sino cómo trata a quienes ya forman parte de ella. La Ley Dignidad 2025 no lo resuelve todo, pero podría ser el primer paso serio hacia una política migratoria moderna, sensata y, sobre todo, humana.
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